Medidas de complemento obligatorio, mecanismos de prevención contra la tortura, y una mayor participación en los casos de violaciones de derechos humanos, forman parte de los principales cambios en las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con el proyecto presentado por su titular Ramiro Rivadeneira ante la Asamblea Nacional en enero.  

Rivadeneira indica que  la ley vigente rige desde 1997, por lo que era necesario realizar modificaciones de acuerdo con la Constitución de Montecristi (2008).

El  artículo 215.2 de la Constitución de la República, refiere que entre las atribuciones de la Defensoría están: “Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de derechos, solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus incumplimientos”.

El funcionario observa que no se especifica cuánto tiempo podrían durar esas medidas. “Por eso, es necesario una nueva ley que lo determine”, puntualizó.   

También destaca en el proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, la competencia sobre el mecanismo nacional de prevención de la tortura, conforme al tratado de las Naciones Unidas.

La ley también contempla que la entidad podría tener mayor participación en los diferentes casos de violaciones de derechos humanos en el país. “Hasta ahora solo hacemos vigilancia al debido proceso, pero hay casos graves como los de la Comisión de la Verdad, en que podríamos aportar”, explicó.  

Reglamento para aplicación de la Ley de Víctimas

Precisamente en este sentido, el Defensor del Pueblo se reunió ayer con la asambleísta Susana Cajas, y otros exmilitantes de Alfaro Vive y los excomandos de Taura con la finalidad de analizar la elaboración del reglamento para la aplicación de la Ley de Víctimas.

Además, trataron la incorporación de nuevos testimonios de víctimas que no comparecieron en la Comisión de la Verdad y personas que antes no habían sido contactadas.

El trabajo de preparación del proyecto, que contiene alrededor de 45 artículos, les tomó un año a los funcionarios de la Defensoría, y al momento está en  la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional para su socialización. Rivadeneira indicó que este es el siglo de los derechos humanos. “El rol de la Defensoría del Pueblo tendrá mayor participación, por eso es necesario fortalecerla”.

La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Dora Aguirre Hidalgo, representante de los ecuatorianos residentes en Europa, Asia y Oceanía, resalta que el proyecto pretende regular las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, tomando en cuenta que la institución es un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, desconcentrado y con autonomía que integra la Función de Transparencia y Control Social.

En 2013, la Defensoría del Pueblo resolvió 32.109 casos relacionados con la vulneración de derechos al Buen Vivir, entre otros. También presentó 98 acciones jurisdiccionales a nivel nacional. La diligencia de investigaciones defensoriales fue la más numerosa, con 5.269 casos, así como el trámite de consumidores y de vigilancia al debido proceso, 3.477 y 1.568, en su orden.