El informe de Human Rights Watch es contundente contra algunas cosas que el Consejo de la Judicatura y el Gobierno han defendido. ¿Cuánta independencia tiene la Función Judicial ecuatoriana de la que reclaman Human Rights  y otras entidades?
La independencia de la justicia ecuatoriana está diseñada normativamente. Cada uno tiene sus funciones y sus competencias, pero también es operativa. En la respuesta a Human Rights Watch citamos ejemplos  concretos: en Ecuador se escogían los conjueces a dedo y los jueces entraban sin concurso. Ahora la independencia en la justicia se garantiza con un ingreso por  méritos  y  con  mejores sueldos. Una forma de atentar contra la independencia es mantener endeble la Función Judicial, con malos sueldos, sin recursos, etc. Ahora tenemos jueces de los mejor pagados de América Latina, con estabilidad, con carrera y,  evidentemente, con un sistema disciplinario basado en el debido proceso. Esto también garantiza independencia porque alguien que no rinde cuentas simplemente no se puede medir su independencia.

Dicen que la cercanía política de Gustavo Jalkh como exsecretario particular y exministro hace que ciertos pedidos de la Presidencia sean atendidos favorablemente.
Primero, nuestras hojas de vida son públicas. Segundo, en temas de reforma judicial he trabajado toda mi vida. Este Gobierno fue el primero que creó el Ministerio de Justicia y ahí pasaron las personas que durante lustros trabajaron  en la reforma judicial, la gente que tenía la experiencia técnica.
Las personas que están en el Consejo de la Judicatura pasaron por un proceso de impugnación ciudadana, de concurso... Ahí no se presentaron impugnaciones porque no es un requisito no haber pertenecido a ningún Ministerio para ser miembro de una función pública, una cosa así sería discriminatoria. Que esto sea una razón por la cual se beneficia al Ejecutivo en juicios, en procesos, es una afirmación temeraria.

El Presidente ha dicho que es muy válida la coordinación entre las funciones del Estado. ¿En esa coordinación se mantiene la independencia, la autonomía?
La Constitución establece que las funciones del Estado están obligadas a coordinar en el ámbito de sus competencias para beneficio de los ciudadanos, evidentemente en un marco de la independencia de funciones. Coordinar no es falta de independencia como Human Rights quisiera proponer o aparentar, confunde coordinación con falta de independencia, y lo uno no está divorciado de lo otro.

¿Human Rights Watch es sensato, objetivo en sus análisis?
Me reitero en que es una carta de índole política. Atendí una invitación de diálogo interamericano en noviembre del año pasado, un foro de discusión y debate en Washington, donde se encontraba el señor José Miguel Vivanco, de Human Rights, y me hizo algunas apreciaciones en esta dirección que fueron respondidas exhaustivamente y de manera personal y directa. Se le explicó cuál fue el proceso de designación de la Corte Nacional de Justicia, se explicó el contenido real de lo que dice la veeduría internacional, que no califica en ningún momento como ilegal e ilegítimo el proceso de designación de la Corte Nacional.

Entonces, ¿cuál sería el propósito de Human Rights? ¿Deslegitimar el proceso de reforma judicial? ¿Dialogar o hacerse eco de la oposición política en Ecuador?
Ahí hay una coincidencia casi literal. Son aspectos que muestran una visión política. Además, dentro de todas sus argumentaciones yo creo que caen en una contradicción tremenda. Por un lado dicen que pueden haber jueces que no son independientes y por otro, dicen, que no hay que sancionarlos, cuando justamente una de las sanciones es la falta de independencia que se grafica técnicamente en la falta de motivación, por ejemplo, en una negligencia manifiesta.

¿Cuál ha sido el mayor logro del Consejo de la Judicatura?
Si tengo que resumir en una frase sería la mística del servicio. Creo que hemos calado en el espíritu de servicio público del funcionario judicial. Faltan aún muchas cosas, pero hay voluntad de servicio.

María Paula Romo dijo en una entrevista con Diego Oquendo que por más edificios bonitos y tecnología que haya, la condición de los jueces todavía es, incluso en algunos casos, corrupta.
No hay sistema en el mundo que pueda decirse libre de una mala práctica, por lo que existe un sistema disciplinario. Los sistemas de evaluación existen justamente para ir mejorando e identificar esas malas prácticas y funcionan en todos los países del mundo porque siempre puede haber alguna incorrección, una inconducta, que tiene que ser sancionada.  

¿Han conseguido medir el nivel de confianza del usuario con respecto al sistema de justicia?
Hacemos mediciones regulares a nivel de focus group y de encuestas a usuarios. Uno de los temas   relevantes del año anterior, junto a ese espíritu de servicio y la infraestructura, es la realización de audiencias. Teníamos un grave problema con las denominadas “audiencias fallidas”, las cuales se han reducido con medidas tecnológicas, mejor infraestructura y medidas disciplinarias. Ahí nuestros usuarios empiezan a sentir satisfacción y se reconoce la voluntad de servicio.

¿Cuál sería la falla que aún no han logrado superar y que podría convertirse en un obstáculo para la administración de justicia?
Tenemos todavía que afianzar la rapidez. Hemos mejorado mucho en materia penal, pero hay otras materias donde todavía falta rapidez. No se trata solo de más jueces, que ya los tenemos, sino también de procesos más ágiles. Por eso hemos planteado a la Asamblea Nacional un nuevo código general de procesos para tener la oralidad procesal en todas las materias, que ya lo tenemos en lo penal y eso ha facilitado el tomar ciertas medidas para avanzar más rápido, pero falta en lo civil. Todavía tenemos el viejo sistema escrito del juicio ordinario que dura años. La tecnología sí nos ayudará, pero necesitamos la ley también. Estamos planteando a nivel de transparencia y celeridad de la justicia. Ahí nuestra visión es completa: tecnología,   más jueces, mediación, solución de conflictos y sistemas procesales más ágiles.

Desde la Judicatura, ¿cómo valoran el Código Integral Penal? ¿Cuál es su valor político y social?
Ecuador necesitaba un nuevo Código Penal y mejor si es Integral Penal, es decir, la renovación de la parte procesal y de la ejecución de penas. Es un código que concilia dos principios importantes: la certeza, pero que no sacrifica la celeridad, y la celeridad que no sacrifica la certeza.

Es decir la justicia.
Exacto. Juicios más rápidos pero que no sacrifiquen las certezas. Por ejemplo, en la parte procesal me parece una buena innovación el juicio directo, para que no todos los juicios, todos los delitos tengan la misma guía procesal. El juicio directo permitirá una presencia más rápida, más ágil, pero sin quitar garantías ni derechos.

Articulistas de El Comercio y El Universo señalan que el Código Integral Penal tiene un carácter punitivo, persecutor. ¿Hasta dónde eso es cierto?
Si sabemos racionalmente que la sociedad necesita un código penal que sancione conductas que afectan los derechos de las otras personas, entonces ese código penal es necesario. Realmente no he encontrado una justificación sólida sobre que el Código Penal es punitivo. Hay otros que dicen que es muy laxo. Hay dos visiones contradictorias y las dos no pueden ser ciertas al mismo tiempo.  

¿La sociedad ecuatoriana vive una revolución en el campo de la justicia? ¿Cuáles serían los signos de ese cambio estructural en el ciudadano en su día a día?
Definitivamente la Función Judicial ecuatoriana vive una profunda transformación en cuanto al servicio a los ciudadanos. Si uno mira en la región las audiencias fallidas es un problema grave que no se logra resolver. Nosotros con una estrategia muy técnica, hemos logrado en poco tiempo resolver este problema. En el tema de la diversificación del servicio público, ya no solamente se ofrecen más judicaturas -que hacían falta-, sino más judicaturas con una mejor atención, con un modelo de gestión distinto, con espacio para los niños, con una sala lúdica.