El jueves 28 de junio se instaló la audiencia de formulación de cargos en contra del concejal de Quito Eddy S. y 4 de sus familiares por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

Luego de 5 horas de la audiencia, la Fiscalía General del Estado informó que se dictó prisión preventiva para el concejal y sus familiares, así como la prohibición de enajenar 5 inmuebles y un terreno; el bloqueo de cuentas bancarias con $ 1,5 millones, además, sus hijos tienen prohibido salir del país.

El concejal fue detenido la noche del miércoles en su domicilio por miembros de la Policía Nacional y de la Fiscalía de Pichincha.  

La aprehensión del edil se produjo como parte del operativo "Zeus-Impacto 244", según información de la Policía Antinarcóticos.

Con el político también fueron detenidos su esposa e hijos, todo en relación con su supuesta participación en el cometimiento del delito de lavado de activos.

El fiscal de Pichincha, Fabián Salazar, señaló que el operativo se efectuó tras una investigación de aproximadamente tres meses.
Producto de la indagación, la Unidad de Lavado de Activos (ULA) detectó movimientos financieros inusuales realizados por el concejal y sus allegados.

Según la Policía Antinarcóticos, las actividades injustificadas incluían “la compra de varios vehículos de alta gama y una serie de bienes inmuebles por el valor aproximado de $ 1 millón”.

Adicionalmente, el grupo registra movimientos financieros en cuentas bancarias por $ 565.454,59, sin que como contraparte hubiera existido información o justificación, relación de dependencia ni declaración de impuesto a la renta (IR).

Además, la esposa es procesada por el delito de usura, según las autoridades. A las 23:30 de anteayer se produjo el allanamiento de 10 inmuebles ubicados en los sectores Iñaquito y Pifo, de Quito, y en el cantón Rumiñahui (en el suroriente de la capital).

Durante estas acciones, los funcionarios incautaron siete teléfonos celulares, tres computadoras portátiles, joyas, tres vehículos de alta gama y evidencia documental sobre el caso.

Su abogado defensor, Pablo Encalada, dijo que el fiscal Salazar no tiene atribuciones para actuar porque estaría fuera del cargo desde el viernes pasado, cuando el Consejo de la Judicatura Transitorio lo reemplazó con otra persona.

Encalada dijo que llama su atención que el fiscal pidiera la detención de un momento a otro cuando ya se realizaban las investigaciones desde enero de este año e incluso ya se efectuaron comparecencias.   

Previamente, el fiscal Salazar afirmó que los hoy detenidos se aprestaban a huir cuando fueron aprehendidos.

Sobre esto, Encalada dijo que sería “ingenuo” pensar que alguien pretenda escapar con un dispositivo de geoposicionamiento, que es utilizado por Eddy S.

En cuanto a los movimientos de dinero, el abogado del edil dijo que provienen de actividades lícitas de la familia.

Entre tanto, el fiscal de Pichincha dijo que la investigación que llevó a detener al edil y miembros de su familia, es independiente de la indagación abierta previamente en su contra.

Esta última se refiere a la supuesta participación de Eddy S. en una red dedicada a cobrar dinero a transportistas urbanos y taxistas para que obtengan permisos de circulación.

Como producto de esto, el concejal y otras siete personas fueron retenidos para investigación, primero, y posteriormente detenidos el 19 de abril pasado.

Tras ello, la jueza María de los Ángeles Montalvo dictó medidas cautelares a los imputados, entre ellas el uso de grillete electrónico y presentación ante la autoridad. (I)

Proceso previo
Investigación en marcha
La Fiscalía de Pichincha acusa al edil Eddy S. de integrar una red que, supuestamente, habría obtenido $ 80 millones entregados por transportistas a cambio de ayuda en trámites en el Municipio de Quito.  

8 personas fueron imputadas de integrar esa red de corrupción y aprehendidas el 19 de abril.

Negación de recurso
El juez Julio Arrieta negó el 19 de junio el pedido del edil Eddy S. para que se revisen las medidas cautelares en su contra. (I)