¿Cómo pensar los servicios judiciales de conformidad con los desarrollos territoriales?

La reforma en la administración de justicia debe tener como uno de sus propósitos centrales acercar los servicios y la presencia del Estado a la ciudadanía.

Es el momento de identificar un mapa institucional, sobre el sector justicia, en el conjunto del Estado ecuatoriano, no solo a partir de las provincias, sino según las dinámicas y particularidades de cada sector territorial. El fin es proyectar un cambio en la perspectiva de crear zonas, distritos, circuitos y otros mecanismos para avanzar hacia una efectiva desconcentración de los servicios judiciales en los territorios y las condiciones para acceder a sus derechos, teniendo presente variables como la población, problemáticas de exclusión social y distintos niveles de violencia en las localidades. 

Se requiere una redistribución de la institucionalidad, en función de examinar si la ubicación de las dependencias judiciales por cantón o unidad de cantones, así como aquellas que se han ubicado para la cobertura a un conjunto de parroquias, responde a las necesidades de la población y de la situación específica que vive ese segmento social.

Ese objetivo debe estar acompañado de una presencia de otros servicios complementarios o adicionales para los jurisdiccionales, como el desarrollo de centros alternativos para la solución de conflictos en las comunidades, además de la coordinación que debería hacerse para vincularlos con Unidades de Policía Comunitaria en lugares cercanos.

Sobre esto último,  la Policía Nacional está iniciando un plan piloto en Guayas, para evaluar el cumplimiento de su tarea, lo cual arrojará datos importantes sobre los niveles delictuales en cada barrio y las necesidades, según los indicadores de tres matrices para el levantamiento de información.

Con esos datos, la Función Judicial debe impulsar una estrategia de relocalización de sus entidades y dependencias públicas en provincias como Guayas, para asegurar una ubicación que logre el desarrollo de los procesos de gestión directamente en las comunidades y los territorios más diversos del país.

Tenemos ciudades que concentran la infraestructura institucional para pocas parroquias y esto repercute en la atención que pueda ofrecerse. Hace unos meses concluyó la construcción de nuevas edificaciones para judicaturas en otros sectores de Guayaquil, referente que debe seguirse en Manabí, Esmeraldas y otras provincias.    

También podría pensarse en la formación de subcircuitos para ubicar oficinas de la Función Judicial que se encarguen de receptar denuncias penales, por ejemplo, que podrán ser procesadas por los operadores de justicia que se encuentren en esas oficinas. Para este propósito, conviene reforzar la colaboración interinstitucional, para que el Consejo de la Judicatura pueda prestar parte de su infraestructura, ubicada en los cantones que hacen de capital de las provincias, para otras instituciones que cuentan con infraestructura en parroquias donde la Función Judicial no cuenta con unidades para atención de los usuarios de la administración de justicia. Cabe insistir que la tendencia no solo debe apuntar a la creación de nuevas judicaturas, sino también de equipar y fortalecer los centros alternativos de solución de conflictos.

Para estos temas, es crucial impulsar alianzas con los gobiernos parroquiales para generar acciones tendientes a crear redes de servicios judiciales integrales y de calidad, profundizando aspectos como la pertinencia cultural y el anclaje institucional con proyectos locales para la prevención de la violencia y la delincuencia junto con la Policía Nacional.

Definitivamente, los servicios judiciales necesitan una articulación y rediseño territorial que contribuya a crear otros órdenes de convivencia en las localidades y comunidades.

El crecimiento poblacional y los cambios por los que atraviesan  las ciudades merecen otras  fórmulas y estrategias para el  acceso a los derechos de todos en materia de justicia.