La efectividad mostrada en los tiempos en que se solucionan los procesos judiciales en las Unidades de Flagrancia lleva al Consejo de la Judicatura (CJ) a planificar la edificación de al menos 36 nuevos complejos  hasta el año 2016, iniciando con el levantamiento de 15 unidades en diciembre de este año.

Las nuevas edificaciones se proyectan en 3 tipos, dependiendo de la cantidad de carga que deban atender. Así, las de tipo A, que se levantarán en un área de terreno mínimo de 8.627 metros cuadrados (m²), con capacidad para 173 funcionarios, serán las más grandes. Este año se prevé iniciar con la construcción de 2 de estos inmuebles, que estarán ubicados en Guayas y Pichincha.

Las de tipo B, que se levantarán sobre un área de 6.295 m², tendrán capacidad hasta para 115 judiciales; y las C, en 5.105 m², podrán acoger hasta 65 funcionarios.

En total, según informó Tomás Alvear, director de Modernización del Consejo de la Judicatura, además de las 2 unidades tipo A, antes de finalizar diciembre se empezará con la construcción de otros 12 centros tipo B y 1 tipo C.

Alivio de carga procesal

De acuerdo con Alvear, el presupuesto -solo para 2013- es de $ 110,4 millones, lo que incluye la adaptabilidad de los terrenos.

A más de Quito y Guayaquil, donde se ubicarán los edificios tipo A, se atenderá a poblaciones como Machala, Portoviejo, El Empalme, Quevedo, Babahoyo, Santo Domingo, Esmeraldas, Lago Agrio, Durán, Tulcán y Manta. Estas dependencias atenderán el 70% de la carga penal que ingrese en esos 13 cantones del país.

A la proyección del CJ habría que sumarle los 116,8 millones de dólares proyectados para la edificación de 21 unidades adicionales en el período 2014-2016 (cinco de tipo B y dieciséis  tipo C).

Según explicó Juan Carlos Checa, director ejecutivo del Instituto de Contratación de Obras, el trabajo de estandarización forma parte del plan de ordenamiento de edificaciones que se trabaja con el Consejo de la Judicatura. “La planificación se la hace considerando el número de tribunales y salas de audiencia que tiene cada una de esas infraestructuras, dependiendo de la zona donde se ubiquen y el número de usuarios que se prevé atender”, explicó.

Respecto al beneficio que las Unidades de Flagrancia brindan a la justicia, Alvear señaló que con esos complejos judiciales se camina hacia la oralidad procesal y para eso se cuenta con salas de audiencias.

Al respecto, el titular del CJ, Gustavo Jalkh, destacó que estas dependencias constituyen un ejemplo de efectividad y coordinación interinstitucional.

Jalkh manifestó que dichas unidades han triplicado la productividad de los juzgados penales del país y resuelven cinco veces más rápido los procesos penales. “Hasta hace poco, un juzgamiento en flagrancia podía durar 200 días, hoy los casos se resuelven en un promedio de 37 días”, precisó el funcionario.