La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha desechó hoy el recurso de nulidad del auto de llamamiento a juicio dentro del denominado caso del 30-S, solicitado por 5 abogados, representantes de militares y policías.

Los procesados cumplían funciones en la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y en la Policía. Presuntamente habrían tomado la pista del Aeropuerto Mariscal Sucre, durante los disturbios del 30 de septiembre de 2010, en rechazo de la Ley de Servicio Público.

La defensa de los presuntos involucrados señaló, entre otros argumentos, que no se respetó la cadena de custodia para presentar algunas pruebas, entre ellas videos.

Indicaron también que se realizó una reconstrucción de los hechos 4 años después del suceso, cuando muchas de las pruebas pudieron haber desaparecido. Además señalaron que los jueces carecían de competencia para conocer el recurso.

Ante ello, el tribunal -conformado por los magistrados Marco Maldonado, Eduardo Ochoa y Narcisa Pacheco- señaló que los argumentos presentados por los auspiciantes legales no se sustentaron y reiteraron que ellos tienen la competencia para aceptar o rechazar el recurso.

El proceso legal consta de 170 cuerpos. En primera instancia, la Fiscalía inició la instrucción para 225 personas (entre militares, policías, personal administrativo y empleados civiles) pero se abstuvo de acusar 147 funcionarios por falta de pruebas.

Con la resolución de los magistrados continúa el llamamiento de juicio para 78 uniformados, de los cuales 69 son militares y 9 son policías.

El auto de llamamiento a juicio se dictó el 2 de julio de 2014, a cargo del Juzgado Sexto de Pichincha, bajo la presunción de delito de sabotaje y terrorismo, tipificado en el artículo 158 del Código de Procedimiento Penal, con el que serán juzgados los gendarmes.

Esta norma contempla una pena de entre 8 y 12 años de reclusión mayor.