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El profesor acusado de violación fue condenado a 16 años de prisión

Academia Traversari ofreció disculpas públicas

El acto se realizó en presencia de familiares de las víctimas.
El acto se realizó en presencia de familiares de las víctimas.
Fotos: John Guevara / EL TELÉGRAFO
03 de julio de 2017 - 09:30 - Redacción Actualidad

La mañana de hoy, en  la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra), se efectuó por segunda ocasión el acto de disculpas públicas y develación de una placa en memoria de los 41 niños que fueron víctimas de abuso sexual. Los hechos ocurrieron durante el año lectivo 2010-2011.   

Antes de las 07:00, en el exterior del plantel -ubicado en el sur de Quito- un grupo de padres esperaba ingresar al tercer piso. El acto estaba previsto en el aula donde los menores sufrieron agresiones sexuales, físicas y psicológicas por parte de José Negrete, exprofesor que cumple una condena de 16 años de privación de libertad.

Un grupo de padres de familia concentrado en el patio principal gritaba frases a favor de la institución y sus autoridades. “ Injusticia”, “Que quiten esa placa”, “Que digan la verdad”, “Respaldo al señor Naranjo (rector de Aampetra)”, se escuchaba por los pasillos.

La diligencia se efectuó en medio de aquellos gritos. Ahí estuvieron Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo; Álvaro Sáenz, viceministro de Educación; Thania Moreno, fiscal general subrogante; Mayra Soria, fiscal del caso; y los delegados del Ministerio de Justicia, Consejo de la Judicatura y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Los padres de familia de los niños afectados ingresaron al final. Con lágrimas pedían justicia, algunas madres se abrazaban entre sí y se tomaban de las manos. “Este dolor no nos lo quita nadie”. Las mujeres vestían, una vez más, camisetas blancas con letras rojas que tenían estampada la frase ‘Rompe el silencio’.   

Luis Naranjo, rector del colegio, pidió disculpas públicas y develó la placa en memoria de los 41 niños, tal como dictó la sentencia emitida por el Tribunal Penal de Pichincha en marzo de 2016.

Esta instancia legal, el 28 de junio último, estableció que la institución no había dado cumplimiento al dictamen en otro acto realizado el pasado 19 de junio.

Naranjo leyó un comunicado publicado en un medio de comunicación de la ciudad. “Ante la respectiva sanción de la justicia penal amerita reproducir de manera pública las disculpas que el señor viceministro de Educación hiciera el 19 de junio de 2017, a nombre del Ministerio de Educación y de la institución. Por ello se reiteran las disculpas pertinentes a los mencionados estamentos y a la sociedad en general (...). Distinguidas autoridades, señores padres de familia, es grato para mí asumir la responsabilidad en calidad de rector y pedir las disculpas necesarias que estipula la ley”.  

Luego comunicó lo que decía la placa: “En memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo”. Sin embargo, los padres no se sintieron satisfechos y aclararon que el acto como tal “no fue un antojo de su parte”, sino una forma de cerrar un capítulo de sus vidas y tener una reparación integral, tras lo ocurrido en la institución.

Amparo M., madre de uno de los menores, recordó que Naranjo no los apoyó durante la investigación. Además, hizo un llamado a las autoridades presentes para que “se coloque a funcionarios íntegros en cargos relevantes en el sistema educativo ecuatoriano”.

Mientras tanto, las consignas que se gritaban en el patio de la institución cada vez eran más fuertes. Estas acciones molestaron a la fiscal encargada del caso, quien lamentó el hecho mientras intervenía. “Este es un momento de respeto. Todos necesitan saber el porqué (las madres de los niños abusados) sienten este dolor”.

Posteriormente, Soria leyó la parte principal de la sentencia, una vez que se detuvieron los gritos a petición de los padres.

La resolución judicial concluyó que el profesor José Negrete, quien también fungía de dirigente del sexto curso C, en 2011, se aprovechó de su poder para maltratar física, psicológica y sexualmente a sus alumnos que tenían entre 10 y 11 años.

La fiscal añadió que la sentencia fue presentada al Ministerio de Educación para que se establezcan políticas públicas que permitan realizar análisis psicológicos y académicos a los profesores de las unidades educativas privadas.   

Álvaro Sáenz, viceministro de Educación, indicó que solicitará se revisen todos los procesos educativos para verificar si existen medidas preventivas en la contratación de maestros.

Sáenz señaló que el ministerio que representa solicitó una investigación a fondo para descartar un posible cierre de la institución. (I)

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