La llamada “cruzada contra las audiencias fallidas”, convocada por el titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, sigue dando muestras de enfrentarse a un problema que tiene debilidades que golpean al sistema de justicia, por más medidas que se tomen.

Pese a tomarse varias iniciativas para enfrentar este problema, como la reciente incorporación de 101 fiscales provisionales para todo el país y la  coordinación de agendas con el fin de evitar que un mismo abogado tenga dos o tres procesos el mismo día y a la misma hora, las causas siguen diluyéndose.    

Un caso concreto se registró el lunes pasado, con la audiencia de juzgamiento al futbolista Freddy Olivo,  implicado en el atropellamiento y muerte de un hombre y de causar heridas a una mujer por el accidente ocurrido el 24 de marzo pasado, en la vía Perimetral, a la altura de la cooperativa Fuerza de los Pobres, en Guayaquil.

El abogado de Olivo, Jorge Maruri, se excusó apenas 120 minutos antes de la diligencia, provocando molestias en quienes acudieron a la audiencia. Incluso el acusado y hasta la mujer herida, esta última en silla de ruedas y con un collarín cervical en su cuello, estaban presentes.

Según el abogado de las familias afectadas, Jorge Freire, Maruri hizo llegar un documento a la Judicatura donde señalaba que tenía problemas de salud, pero recién a las 08:13 del lunes, cuando la diligencia estaba prevista para las 10:00.

Solo en el primer trimestre de 2013 se registraron 25.381 audiencias fallidas a nivel nacionalOtro caso también registró se registró el lunes pasado, cuando se suspendió la diligencia del caso conocido como “La Majadita”, por supuesto lavado de activos de ex funcionarios del Banco Nacional de Fomento. Allí, el fiscal Franklin Santos sí estuvo presente, pero en cambio el Juzgado Sexto de lo Penal tenía otra audiencia a la misma hora, lo que impidió realizar la  diligencia.

Por casos como estos fue que Jalkh reclamó la semana anterior, en Quito, cuando expresó que no deben registrarse porque  el sistema procesal es el medio para alcanzar la justicia y no para “adormecerla”.

“Muchos abogados han entendido que su rol es demorar y dilatar los procesos, pero los defensores públicos jamás pueden caer en dichas prácticas y entre todos debemos evitar que las audiencias no se cumplan”, dijo entonces, durante su discurso de rendición de cuentas de la Defensoría Pública.

De allí que insistió en solicitar a la Asamblea Nacional la reforma legal para que los defensores públicos puedan comparecer en las audiencias desde el primer señalamiento. Es decir, si alguna de las partes (abogados o fiscales) no asiste y no ha justificado la audiencia mayor, el Estado podrá cubrir esa defensa.

Para el titular del Consejo de la Judicatura  lo que se intenta es luchar contra la impunidad, la impavidez, la lentitud procesal y, sobre todo, la corrupción, es decir “contra todos los vicios” de un sistema de justicia caduco.