Verificar que continúe y que se acelere el proceso de liquidación de los 32 bienes inmuebles de la compañía Unión Constructora, es el siguiente paso que tomarán los cientos de afectados de la empresa inmobiliaria.

El Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha determinó la condena para Mario Javier P. y Yadira T., expropietarios, con penas privativas de libertad de tres años y 18 meses, respectivamente. La sentencia también establece el pago de daños y perjuicios a los perjudicados.

Por esa razón, William Aguaguiña, abogado de un grupo de afectados, convocó para el día de hoy a una reunión, a las 11:00, en las oficinas ubicadas en Quito.La finalidad es unir criterios con los demás defensores y familias, para despejar cualquier duda y definir acciones. “No nos interesan más juicios penales, queremos llegar a una solución”.

El abogado indicó que la liquidación de los bienes inmuebles de la empresa ayudará a la recuperación del dinero; los activos podrían sumar 57 propiedades, incluyendo los del patrimonio familiar y de la constructora. Aguaguiña representa a 2.800 personas, pero el total de afectados podría llegar a 6.000.

Edwin Campaña, defensor de los procesados, afirmó que ahora todo depende de una adecuada comercialización. “Hay un proceso de liquidación que ya se inició, la compañía Unión Constructora entregó todos los bienes, y si no se ha avanzado es un problema de quien asumió esa responsabilidad”.

Campaña manifestó que, como defensa, le interesa que se pague a las familias perjudicadas.

De acuerdo a un reporte de la Superintendencia de Compañías, Unión Constructora entró en liquidación en enero de 2013 y se nombró a Edith Duque Cevallos como liquidadora a finales de ese mes.

El documento establece que el proceso de liquidación se ha desarrollado en este tiempo, conforme a la ley, y que se encuentra en la fase de venta de activos, pues los bienes ya han sido ofertados en el mercado.

Entre las novedades se menciona que el juzgado Sexto de Garantías Penales de Pichincha dictó medidas cautelares en contra de los inmuebles el 9 de octubre del presente año, pero esto forma parte de otro proceso. Por eso se efectúan gestiones por parte de la liquidadora para que se levanten las medidas.

Una vez que las pertenencias sean vendidas, el pago a los acreedores se realizará conforme a la ley, es decir, primero a los trabajadores de la empresa, al Instituto de Seguridad Social (IESS) y al Servicio de Rentas Internas (SRI).

Luego se procederá a la cancelación de los demás solicitantes. Ahí se incluyen los clientes, es decir, las familias que no recibieron su vivienda.

En el proceso, la Fiscalía retiró de las oficinas varios discos duros con información para el levantamiento financiero, pues Unión Constructora no tenía registros de contabilidad.