Con asesoría jurídica gratuita ya podrán contar los 60.000 refugiados que se encuentran en el país, y los más de 170.000 que han solicitado esta condición para permanecer en el territorio nacional.

La semana pasada la Defensoría Pública de Ecuador se comprometió, con la firma de un documento, a llevar la defensa en los asuntos judiciales de los refugiados y asilados.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), asentado en Quito, brindará la capacitación técnica y jurídica a los abogados del Estado para que traten los temas de los refugiados.

Pichincha, Sucumbíos y Esmeraldas son las provincias que tienen mayor número de refugiados en el país, con 14.706, 12.981 y 5.996, respectivamente. Estas cifras forman parte del total de los 60.000 extranjeros que tienen esa condición, según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Debido a los diversos problemas que la mayoría afronta diariamente, ya sea de regularizar su situación migratoria, laboral o de respeto a sus derechos básicos, la Defensoría Pública de Ecuador asignará 25 abogados especializados en temas de asilo y refugiados.

Los defensores públicos trabajarán en las 8 provincias con mayor flujo migratorio: Pichincha, Guayas, Azuay, Sucumbíos, Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Preocupación

Ernesto Pazmiño, defensor público de Ecuador, afirmó que la principal preocupación  son los ciudadanos con alto índice de vulnerabilidad, por ejemplo los niños, niñas y adolescentes, que son 39.301 de un total de 170.965 personas que han solicitado refugio en Ecuador.

El 98% de refugiados o asilados es de nacionalidad colombiana, por su situación de conflicto interno.Pichincha y Guayas tienen la mayor cantidad de solicitudes con 14.706 y 10.649 respectivamente, dijo. “Es una experticia que necesitamos, por ese motivo incorporaremos un equipo, que se va a especializar para asumir adecuadamente estas gestiones”, manifestó el funcionario.

La asistencia no solo será en el trámite para el asilo, también incluirá la preparación del expediente, así como en todos los problemas judiciales que requieran las personas en situación de movilidad humana, explicó.

A través de la asesoría y el patrocinio de causas, la Defensoría garantizará que las personas no renuncien al ejercicio de un derecho y utilicen los servicios de los abogados públicos en causas como alimentos, laboral, legalización de tierras, violencia intrafamiliar, penal, entre otras.

Beneficios

Para John Fredikson, representante del Acnur en Ecuador, la cooperación con la Defensoría Pública marcará un fortalecimiento en el trabajo de atención a derechos.“Ecuador tiene una política progresista de movilidad humana y las familias refugiadas tendrán beneficios con este servicio legal”, expresó.

Indicó que el 98% de los asilados o refugiados en Ecuador proviene de Colombia, debido a la situación de conflicto interno o inseguridad.

Y 2% es diverso. Incluye a casi 70 países como Perú, Cuba, España, Afganistán, Sudán, Pakistán, Haití, entre otros.

El Acnur es un órgano internacional y humanitario que trabaja en el país desde el 2000 para apoyar al Estado en la población de refugiados, una de las mayores en América Latina, así como a garantizar sus derechos constitucionales.