De enero a julio de este año los jueces de contravenciones han deportado a 456 extranjeros que estaban en el país sin documentos en regla, permisos caducados, visas suspendidas o dedicados a actividades diferentes a su estatus migratorios. Ellos deben justificar ante un juez de contravenciones su estadía.

Una vez que el juez escucha los alegatos de la persona en un plazo máximo de 48 horas decide si procede o no la deportación.

Antonio Félix, coordinador de deportaciones del Ministerio del Interior, aclaró que la Policía de migración realiza operativos permanentes para controlar que los ciudadanos de otros países se encuentren debidamente identificados.

Caso contrario son llevados ante un juez, “nuestro país garantiza la libre movilidad, nadie puede ser considerado como un ilegal, por eso estos casos se tratan como un acto administrativo ya que estas personas no han cometido ningún delito, por eso acceden a una audiencia ante un juez de contravenciones donde podrán justificar su estadía”.

La directora de las unidades de control migratorio, Nelly Aguirre, comentó que todos los extranjeros mientras solucionan la situación migratoria son albergados en el Centro de Acogida Temporal que funciona como un hotel con capacidad para 60 personas, con todos los servicios de alimentación, atención médica, sicológica, asesoría jurídica; además, si el juez decide la deportación, el Ministerio del Interior también corre con los gastos de pasajes aéreos o terrestres para que la persona regrese en perfectas condiciones a su país de origen.

Según los datos de la Policía de Migración, hasta julio de este año han interceptado a 876 extranjeros en diferentes ciudades de Ecuador, quienes no portaban documentos de identificación o no justificaron su presencia en nuestro país.

El mayor Byron Liger, director de la Policía de Migración, señaló que todos los días hacen patrullajes preventivos especialmente en zonas turísticas y cuando detectan a alguna persona en situación irregular, la acompañan hasta el centro de acogida temporal e inician el proceso en los juzgados de contravenciones.

Esto también ha permitido que del total de extranjeros que han acudido a la audiencia de contravención, 420 fueron liberados por los jueces, “este proceso puede durar hasta 5 días, pero en ocasiones demora porque no se puede determinar la nacionalidad”, indicó Liger.

El funcionario apuntó que en la Ley de Extranjería se encuentran tipificadas las causales para la revocatoria de una visa y en la Ley de Migración las atribuciones de las autoridades de migración, “por este motivo es siempre un juez quien decide la situación migratoria de las personas que tienen derecho a una representación legal”.

El artículo 5 de la Ley de Migración señala las atribuciones de la Policía de migración que tiene que ver con “interrogar a todo extranjero sujeto al fuero territorial y revisar sus efectos personales cuando presuman la existencia de alguna causa de exclusión o deportación del país, además “limitar y controlar la permanencia de extranjeros sujetos al fuero territorial y arrestar y poner a órdenes del juez”.

En esta línea el artículo 3 de la Ley de Extranjería indica que “con el objeto de que el Gobierno de Ecuador pueda conservar estricta neutralidad en los asuntos de política interna o externa que se susciten en otro Estado, adoptará las medidas conducentes para impedir que los extranjeros que residan en el país participen en actividades políticas o bélicas que inicien o fomenten guerras civiles, conflictos internacionales”.

Cuando el extranjero demuestra que reside legalmente, el juez ordena la inmediata libertad. (I)