El nuevo reglamento que consta de 54 artículos, institucionaliza al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (SPAVT) y otros participantes del proceso penal. Además, garantiza el cumplimiento de lo que establece la Constitución de la República en los artículos 195 y 198.

La Fiscalía cumplió con el tiempo establecido en la transitoria octava del nuevo Código Integral Penal (COIP) para la elaboración de este marco legal.

El sistema de protección constituye un conjunto de acciones encaminadas a proteger al ser humano, salvaguardando la integridad física y psicológica de las víctimas y testigos que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su participación en una causa penal.

Además, este reglamento tiene varios enfoques, entre los que constan los derechos humanos, género, seguridad ciudadana, interculturalidad, generacional y territorial.

La Fiscalía inició el sistema con 276 funcionarios, entre los que constan psicólogos, trabajadores sociales y Policía Judicial que están en dependencias de esta institución a nivel nacional.

Entre los casos que solicitan protección están: violación, estupro, asesinato
e intimidación.


3.927 personas se registraron a nivel nacional en el programa de protección de la Fiscalía hasta diciembre de 2013.El fiscal de Pichincha, José Luis Jaramillo, dijo que este nuevo reglamento constituye un gran avance que también responde a compromisos internacionales asumidos por el país en la línea de proteger y garantizar la integridad de todos los involucrados en un proceso penal, “es una herramienta fundamental en la lucha contra la impunidad”.

El reglamento considera la atención sicológica y asistencia social; además prevé el asesoramiento en caso de que la víctima o testigo necesite de cambio de domicilio; el sistema podrá prestar su contingente para que las personas protegidas puedan salir del país, siempre y cuando tal medida no afecte el curso normal del proceso y exista la partida presupuestaria para cubrir la subsistencia temporal por un plazo de 60 días.

Las personas que quieran ingresar al sistema deberán llenar una solicitud que será analizada en un plazo no mayor a 5 días; también podrán pedir estas medidas los fiscales, dependiendo del tipo de caso que se juzgue.

El reglamento indica que el sistema suministrará los medios económicos para el alojamiento, transporte, alimentación, atención médica especializada, mudanza, acondicionamiento de vivienda y otros gastos indispensables dentro o fuera del país. Siempre y cuando no puedan obtenerlos a consecuencia de un delito.

El director de la nueva unidad de la Fiscalía General del Estado (FGE),  que tiene la calidad de una dirección, MajioIrigoyen, contestó vía correo electrónico  que “las personas (víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal) que adquieren la calidad de protegidos/as del SPAVT, contribuyen en el desarrollo del proceso penal, cada vez más, reciben una mejor calidad de atención y se sienten más protegidas y atendidas. Reciben toda la explicación que requieren del proceso penal, sobre su situación personal y de su grupo familiar”.

También, destacó que “la celeridad en la atención de protegidos/as, para garantizar su seguridad y confianza en la FGE será uno de los resultados inmediatos de la puesta en marcha del nuevo reglamento. También la articulación de protegidos/as con todas las instituciones del Estado, que contribuyan a garantizar el ejercicio de sus derechos ciudadanos”.