A pocos días de que las acusaciones por agresión sexual en contra del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, prescriban (hoy jueves y el próximo martes 18 de agosto), la justicia sueca y ecuatoriana se encuentran debatiendo sobre cómo proceder para que el proceso que aún se encuentra en investigación preliminar siga su curso. La denuncia por violación sexual prescribiría en 2020.

Pero la suerte ya parece echada. “Alguna aprobación formal no ha llegado, y no está claro cuándo el asunto se pueda resolver”, escribió la fiscal sueca, Marianne Ny, a los abogados de Assange el miércoles pasado, según el diario británico The Guardian. “Por tanto, ya no es necesario para llevar a cabo medidas de investigación esta semana”, asegura la misiva.   

Frente a eso, la embajada ecuatoriana en Londres, donde permanece asilado el australiano, negó que haya recibido alguna petición por parte de las autoridades de Suecia, donde Assange es investigado por supuestos delitos sexuales. El proceso está en etapa investigativa puesto que nunca se ha presentado una acusación formal.

Lo cierto es que Suecia ha tomado declaración a 44 sospechosos en suelo británico desde 2010, según la organización periodística Hazel Press, que requirió esos datos al Gobierno británico amparándose en la Ley de Libertad de Información de ese país europeo.

“Primero rechazaron tomarle declaración mientras estaba en Suecia. Después, rechazaron escucharle en el Reino Unido diciendo que era ilegal venir aquí. Cinco años después, tras ser reprendidos por su propio sistema legal, dijeron que lo considerarían”, lamentó Jen Robinson, quien forma parte del equipo de Assange, a la agencia local PA.

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“Ahora nos enteramos de que no solo era una práctica habitual, sino que otras 44 personas en el Reino Unido fueron interrogadas por Suecia durante ese mismo periodo de tiempo”, criticó.

Para el experto en derecho internacional, Michel Levi, la prescripción de las imputaciones no sería una medida aconsejable para Assange porque implica que las supuestas acusaciones no han sido, siendo el caso, descartadas o ejecutadas y eso lo pondría en riesgo.

“Lo recomendable es que cumpla con la justicia sueca y no deje que prescriban los procesos. Si deja que eso suceda, eso lo pondrá en entredicho con Suecia de forma que en un futuro pueda ser perseguido de otra forma ante la justicia de ese país”, manifestó Levi.

El 12 de junio pasado la fiscalía sueca informó del envío de una solicitud al Gobierno nacional en la que pide autorización para interrogar al fundador de WikiLeaks en la embajada del país en Londres en ese mismo mes o al siguiente.  

No obstante, 5 días más tarde el ciberactivista denunció en un comunicado que la fiscal Ny canceló la cita. A finales del mes pasado los dos países se acusaron mutuamente de interferir con el proceso. Ecuador insiste en que -de acuerdo con la jurisdicción nacional- es necesario firmar un acuerdo legal antes de que la delegada de la fiscalía, Ingrid Isgren, pueda entrar a la embajada y escuchar al demandado.  

“No encuentro aceptable que finalmente cuando decidieron aceptar el pedido de Ecuador, después de todos estos años, esperen que el rol de Ecuador solo se limite a abrir las puertas de la embajada”, expresó el canciller Ricardo Patiño en una entrevista concedida al diario inglés The Guardian, el 23 de julio pasado.

En dicho acuerdo, por ejemplo, se insistiría en la presencia de cuerpo diplomático de la embajada de Ecuador durante la entrevista, debido a la condición especial de Assange como una persona que ha recibido asilo. Según el Ministro de Relaciones Exteriores, a pesar de los esfuerzos del país por llegar a un acuerdo, Suecia se niega a discutir el asunto. Por otro lado, el país europeo considera que un acuerdo más allá de los protocolos establecidos en las normas internacionales sería innecesario, por lo que si Ecuador insiste en retrasar el proceso será interpretado por Suecia como un intento por bloquear la justicia de ese país.

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El analista, Jorge Mora, cree que Assange no tiene muchas alternativas para solucionar su situación, tomando en cuenta que ha permanecido confinado en la embajada ecuatoriana durante 3 años. Una de las salidas que visualiza es que se entregue ante la justicia sueca para que siga el debido proceso. Pero Mora reconoce que a pesar de que Assange sea absuelto de los cargos, es posible que se le impute por otros como espionaje y filtración de información. “Recordemos cómo actúan algunos países: cuando no encuentran una figura por la cual pueden detener inventan algún cargo”, expresó. Mora también piensa que la tensión entre Estados Unidos y Assange ha disminuido.

El próximo 12 de septiembre se cumple un año desde que Assange presentó una petición ante el grupo de trabajo para detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas (por sus siglas en inglés WGAD), donde explica los hechos y razones por las cuales el activista ha sido privado de sus derechos por casi 4 años y sin tener una sentencia.

Un fallo por parte de la Comisión sería un respaldo para el australiano aunque -de acuerdo con los expertos consultados- no sería vinculante, ya que depende de las jurisdicciones de Suecia y Reino Unido.

No obstante, en el artículo 9 de la declaración universal de derechos humanos se establece que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. Asimismo el artículo 9, numeral 1 del pacto internacional de derechos civiles y políticos determina que “todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta”. (I)

DATOS

a) Una detención arbitraria es considerada como tal cuando: a) es evidentemente imposible invocar base legal alguna que justifique la privación de la libertad.

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

c) Por la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial; d) en los casos de personas que solicitan asilo, inmigrantes o refugiados.

e) Cuando la privación de libertad constituye una violación del derecho internacional por discriminación.