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El Telégrafo

“He tenido 797 pedidos de información de mi gestión”

“He tenido 797 pedidos de información de mi gestión”
07 de diciembre de 2011 - 00:00

La ministra de Educación,  Gloria Vidal, acude hoy a la Comisión  de Fiscalización de la Asamblea para presentar su declaración dentro del trámite de juicio político que sigue en su contra el asambleísta Jorge Escala (MPD), que la acusa  de no haber implementado un proceso socializador antes de aprobar el Bachillerato General Unificado.

La funcionaria niega lo expresado por Escala y afirma que el proceso lleva varios años preparándose en el país. Pero Vidal  reconoce que el tema del supuesto espionaje en colegios públicos también podría  ser un asunto que se ventile en esta audiencia, por lo que explica la posición oficial sobre el tema.

¿Cómo responde el Ministerio de Educación a las denuncias de espionaje político a las autoridades y estudiantes de los planteles educativos?

Con hechos absolutamente claros y verificables. Un asesor del despacho, que entró a trabajar el 15 de septiembre de este año, ha tomado la decisión de enviar una ficha para solicitar información a las direcciones provinciales de educación. Uno de nuestros directores provinciales del Guayas inmediatamente después de haber recibido esta solicitud, le pidió al ministro encargado -yo me encontraba fuera del país- que le diera una aclaración sobre este tipo de pedido de información porque es algo sumamente inusual. El ministro encargado, conociendo este hecho, llamó a este funcionario para pedirle una explicación y al no ser satisfactoria la respuesta aceptó su renuncia al cargo (…) Calificamos a este hecho como desafortunado.

¿Es la única denuncia sobre este tipo de situaciones que se ha recibido en el país?

Sí, es la única.

Se lo consulto porque desde sectores de oposición, entre ellos el Movimiento Popular Democrático (MPD), se asegura que este tipo de situaciones de supuesto espionaje se replican en distintas provincias...

Bueno, yo creo que la desesperación de algún gremio que ha estado dominando procesos educativos en el país es notoria.

Uno de los motivos por los que se la convoca a la Asamblea Nacional es el tema del Bachillerato General Unificado (BGU). ¿Cómo avanza este proceso teniendo en cuenta toda la oposición proveniente de la Legislatura y de sectores involucrados con la educación?

El programa avanza, por supuesto que sí. El BGU es un plan que  inició su construcción hace ya algunos años. Primero, el Ministerio lo que hace es evaluar los currículums vigentes y esto es normal no solo en el Ecuador, sino en todos los países del mundo. Al tomar la primera de las evaluaciones de los currículums del proceso vigente lo más notorio es que existe un bachillerato que tiene una orientación que especializa a los jóvenes tempranamente sin permitirles conocer algunas de las otras áreas del conocimiento. Al suceder esto, el estudiante de antemano deja de tener cercanía y conocimiento de áreas que les son importantes para su desarrollo. Este nuevo bachillerato permite que el joven tenga acercamiento a todas las áreas del conocimiento  y en los últimos años acercarse hacia una orientación más específica sin un sesgo.

¿Qué pasa con los colegios técnicos? Padres y alumnos se muestran preocupados por el futuro de estas instituciones...

No hay motivos para tener preocupación. Lo que se hace en este caso, una vez más, es levantar fantasmas. Es decir, no existe en el espíritu de este nuevo modelo en ningún sentido una restricción hacia el bachillerato técnico, al contrario lo mejora, lo profundiza con alrededor de 40 figuras profesionales que le permiten a los estudiantes o bien un ingreso al mundo universitario o bien un ingreso al mundo laboral, a través del desarrollo personal con un emprendimiento, por ejemplo.

Otra de las mentiras que se ha dicho sobre el BGU es que no les servirá a los estudiantes para ingresar a la universidad. Totalmente falso. Hoy más que nunca el Ministerio de Educación y las Senascyt trabajan de manera conjunta, de tal forma  que todos los estudios que los alumnos hagan en torno a este nuevo BGU sean válidos para los primeros años de la universidad y que sirva para su inclusión en su carrera.

Esto llevará hacia un examen en conjunto que sea, a la vez, la salida de nuestros estudiantes de bachilleres y el examen de entrada a la universidad.

Desde su visión, ¿considera justa su comparecencia ante la Asamblea Nacional con miras a llevarla a un juicio político?

Hasta el momento, en 20 meses de gestión que tengo como ministra, he tenido 797 pedidos de información de mi gestión en esta cartera de Estado, esto cortado a la semana anterior. De esos, el 17% ha sido por solicitud del asambleísta Jorge Escala (MPD) y yo creo que la ciudadanía debe de conocer de qué se tratan estos pedidos.

Estas solicitudes tratan de diversos temas. Cuando la Asamblea llama a un ministro de Estado lo que busca es tener información sobre la política pública, se lo convoca porque quizás existe alguna duda sobre su gestión, pero en este caso en particular, el Ministerio ha construido una política sistémica. Y curiosamente estos pedidos del asambleísta Escala tienen desde cosas específicas y puntuales que se dan en algunas provincias o escuelas hasta grandes preguntas sobre la política pública. Creo que  los asambleístas usan estos pedidos de información como una forma de persecución a los ministros, pues la evidencia está a la mano.

Si nosotros analizamos que en 20 meses de gestión hay 797 pedidos de información y que existen 20 días laborales por mes, estamos hablando de dos o tres pedidos de información por día. Esto ha significado que tengamos que montar unidades específicas para responder estas solicitudes. Y no estoy tan segura de que los contribuyentes, que pagan los sueldos de todos los funcionarios públicos, incluidos los asambleístas, los eligieran para que hagan este tipo de supuesta fiscalización (...). 

Hay que tener presente que este gobierno ha emprendido una labor titánica para impedir que ninguna agrupación se apodere de la educación y que, también, desarrolla políticas para que los profesores no tengan que obligatoriamente dar cuotas a determinadas agremiaciones sino que elijan a la entidad en la que quieran participar. Esto significa una reducción de varios miles de dólares y éstas son las consecuencias de esas medidas.

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