El poder popular consiste en la capacidad que tiene un pueblo para hacer que el conjunto de la sociedad actúe respetando su voluntad. Esta construcción se refleja en la lucha constate de los pueblos para anteponer los intereses colectivos a intereses concretos y particulares. En este sentido, la construcción del poder popular es una disputa permanente con las distintas fuerzas políticas, sociales y económicas para alcanzar la hegemonía en la conducción del Estado y  lograr que la política pública esté en función del beneficio del pueblo. Desde esta perspectiva, la construcción del poder popular, en un marco democrático, pasa por combinar 2 coordenadas políticas: a) Las luchas sociales que son una fuente de formación política permanente,  la reflexión sobre sus prácticas y la acumulación política, y la elaboración de propuestas. b) El respaldo ciudadano en las urnas para de esa manera acceder al control y conducción de las instituciones estatales, lo cual permite   orientar la política pública en beneficio de las grandes mayorías. Con esta concepción del poder popular se puede revisar lo ocurrido en los últimos 25 años y encontrar los elementos señalados. Con el predominio del neoliberalismo, época marcada por el desmantelamiento del Estado y el dominio de los intereses corporativos nacionales e internacionales, atracos financieros, privatización, la exclusión de amplios sectores de la población de los servicios de salud, educación y vivienda, la pérdida de credibilidad;  este predominio del neoliberalismo generó paros, huelgas, levantamientos indígenas y populares, y la pérdida de gobernabilidad. Producto de las luchas sociales se produce un cambio en la correlación de fuerzas de tal magnitud que, en 2006, la construcción del poder popular plantea una alternativa al neoliberalismo que supuso imaginar, repensar y vivir la patria de un modo distinto, transformar las lógicas de funcionamiento que reproducían las inequidades y desigualdades. Se cuestionó la noción de desarrollo y se inició la construcción de un paradigma a partir de las visiones de los pueblos ancestrales, de las luchas emancipadoras, de las propuestas históricas de grupos minoritarios y de los aportes de los intelectuales.  Un nuevo marco social A partir de ese momento, el poder popular impulsó e instaló la Asamblea Constituyente que elaboró la Nueva Constitución y que fue ratificada por el 80% de los ecuatorianos.   Sobre la Carta Magna se levanta la nueva arquitectura normativa e institucional y recupera al Estado como agente principal de acción colectiva para garantizar derechos. Como parte de las transformaciones a la institucionalidad del Estado, en los artículos 61, 95 y 102  se consagra el Derecho a la participación en los asuntos de interés público, para lo cual los ciudadanos participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos.  En concordancia con lo establecido en la Constitución, el artículo 48 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, espacio de diálogo directo entre el Estado y la ciudadanía, deberá ser convocada por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Planificación. Este espacio de diálogo entre el Estado y la ciudadanía es la máxima instancia de participación ciudadana, donde convergen los consejeros ciudadanos de los ministerios, los asambleístas locales; y los representantes de las organizaciones sociales de tercer grado, los pueblos y nacionalidades.   Como se puede advertir, en la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir convergen diferentes voces ciudadanas que representan a intereses colectivos, sectoriales y territoriales. Allí la ciudadanía ha revisado y discutido el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017; ha dialogado con representantes del Estado sobre la pertinencia de los tratados bilaterales de inversión; ha consensuado acciones para la erradicación de la pobreza; ha dimensionado el carácter político de la Transformación Democrática del Estado. Es importante señalar que en el seno de la Asamblea Ciudadana Plurinacional Intercultural para el Buen Vivir se eligen los representantes ciudadanos al Consejo Nacional de Planificación. La ciudadanía tiene así su participación directa en la formulación de los lineamientos y políticas que se emitan para consolidar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Precisamente, es en esta instancia donde se conoce y se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, los resultados de la evaluación anual del Plan y se establecen los correctivos necesarios para la consecución de los logros de los doce objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Así la ciudadanía ha pasado de tener una relación clientelar con el Estado a una relación de corresponsabilidad en el ejercicio  y garantía de los derechos.  La construcción del poder ciudadano lleva implícita la modificación de las relaciones de poder y la profundización de la democracia. Solo lo acumulado en el proceso de construcción del poder popular será la única fuerza que tiene y tendrá la capacidad de hacer irreversible la Revolución; es el factor decisivo que podrá defender lo alcanzado.