Galápagos está declarado Patrimonio de la Humanidad y se maneja como un territorio protegido que está bajo el control básicamente del Parque Nacional que lleva su nombre, que se encarga de controlar el 90% del territorio, con el objetivo de evitar la afectación del ecosistema.

Para eso existe la Ley Especial de Galápagos, que está vigente y que, entre otras cosas, declara al mar que rodea las islas como zona protegida que permite solo la pesca artesanal. Otro tema es la institucionalidad del Régimen Especial, entre otros.

Edwin Naula, director del Parque Nacional Galápagos, afirmó que lo primero que se hace con las reformas es adaptar el marco legal de lo que establece la Constitución. “Antes constaba que aquí (islas) había un consejo y que las decisiones que este ente adoptaba no eran vinculantes a todas la entidades. Lo que hace la Constitución es crear un Consejo de Gobierno que tiene la facultad de emitir ordenanzas distritales para la provincia y son de cumplimiento obligatorio para todos, incluyendo a los gobiernos autónomos descentralizados”, enfatizó el funcionario.

La migración es otro de los temas que se revisará con la reforma a la Ley de Galápagos. Naula explicó que el derecho a la movilidad humana está limitado en esta provincia. “En el territorio solamente pueden vivir aquellas personas que  bajo la ley están calificados como residentes permanentes o temporales, pero en este momento el reglamento no establece sanciones para quienes no usen adecuadamente ese derecho.

Uno de los ejemplos del incumplimiento que no se sancionan es cuando un residente se casa con una persona que no lo es de forma irregular o cuando se contrata a trabajadores sin respetar las normas. Un ejemplo de esa situación son las personas que ingresan a trabajar en los barcos turísticos sin los permisos correspondientes.

Uno de ellos fue Víctor García, quien tiene más de 10 años viviendo en las islas. “Vine acá porque mi hermano vivía aquí y decidí venir a trabajar. Acá me enamoré, me casé y ahora me siento como un nativo más en las islas, vivir acá es muy bonito. Las playas, la seguridad, la tranquilidad, aunque las cosas son caras, pero también se gana más que en el continente (Ecuador continetal)”, comentó el ciudadano.

Ahora García tiene dos hijos y trabaja manejando las lanchas que trasladan a las personas de una isla a otra y en ocasiones, aunque no está permitido, se hacen recorridos turísticos en el archipiélago.

Según Naula, otro tema que debe ser abordado en las normativas es el de natalidad, que está en un 3,2%. “Lo que se quiere -en forma integral- es lograr que el desarrollo sea sostenible, sin provocar trastornos y efectos irreversibles en el ecosistema”, manifestó.

Una de las aspiraciones es que se encuentren los parámetros para el funcionamiento de los negocios. “En el caso de tener un barco turístico, debo saber cuántos puedo tener para no afectar el entorno, de esta forma se controla (...)  En algunos factores esto ya se ha determinado, pero ahora se deben fijar para mejorar el control”, expresó  Naula.

Entre los funcionarios del Parque Nacional se destaca la creación de la Agencia para la Bioseguridad para el Archipiélago, que fue recientemente inaugurada  y que busca controlar el ingreso de especies invasivas, como perros, gatos o ratas que terminan compitiendo y eliminando las especies locales.

Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, que impulsa los cambios en la normativa, aclaró que la reforma es de interés mundial por la importancia de las islas como patrimonio natural y, al mismo tiempo, se quiere garantizar mejores condiciones de vida para las personas que viven en el lugar.

El legislador de la bancada oficialista indicó que son cuatro puntos básicos los que se esperan tratar:  competencias, migración, inversiones y las mejoras en el control.

Hernández dijo que la Comisión ha buscado consensuar la norma y se espera llegar a un acuerdo para elaborar un texto para segundo debate y luego obtener los votos necesarios para su aprobación.