El 28 de septiembre de 2008, un  total de 4’722.073 de votantes (el 63,93% de los electores) a escala nacional aprobaron el texto de la nueva Constitución Política de la República, elaborado por la Asamblea Constituyente durante seis meses en Montecristi. El ambiente político en el país era  de renovación, debido a que en ese documento se impulsaba una reforma total del marco institucional del Estado, proceso que tenía como eje la elaboración de una serie de normativas que permitirían viabilizar los derechos consagrados en la Carta Política.

En el apartado de disposiciones transitorias se  fijaron los plazos de entre 120 a 360 días desde  la entrada en vigencia  de la nueva Constitución  para la aprobación de un paquete de 20 leyes . Sin embargo, a la fecha cuatro de esas normativas aún no tienen visos de ser debatidas en el seno del Parlamento ecuatoriano. Estas leyes son las de Recursos Hídricos, Comunicación, Cultura y el Código Penal.

Desde el interior del Legislativo, las voces de la bancada oficialista acusan a la oposición de hacer un “boicot sistemático” en lo relativo a leyes fundamentales, mientras que desde la otra orilla se afirma que no se pueden aprobar normativas que le dan más poderes al Ejecutivo.

Lo cierto es que entre los bloques legislativos, varias de las normas que tuvieron que ser aprobadas hasta máximo el 15 de octubre de 2009 -fecha en la que la Carta Magna cumplió 360 días en vigencia- no tienen una salida por presiones de sectores sociales, empresariales y cálculos políticos.

Una parte de las leyes rezagadas -entre ellas la de Comunicación- tiene listo su informe para el debate final  de la Asamblea Nacional, pero la falta de votos para su aprobación o para su archivo frena que los legisladores las lleven al seno de la discusión. Mientras que  la de Cultura está estancada en la redacción de los informes en la comisión  legislativa que la tramita.

El cuento de nunca acabar, a pesar de la voluntad popular

Desde septiembre de 2009, el Ecuador ha sido testigo de una guerra sin cuartel entre los grandes medios de comunicación privados del país y el oficialismo, que ha intentado sacar adelante una ley de Comunicación que, según dice,  limite el “excesivo poder” que ha acumulado la prensa y, sobre todo, que permita implementar la responsabilidad ulterior entre los periodistas.

Del lado de las empresas de comunicación -las cuales han emprendido varias campañas en contra de la norma- y de los bloques de oposición que respaldan su rechazo a la propuesta oficialista, se afirma que la ley que se  intenta aprobar será una herramienta de persecución para los comunicadores y  un instrumento para coartar la libertad de expresión.

Esta normativa -sin duda alguna una de las más debatidas a nivel parlamentario y social- ha motivado un sinnúmero de esfuerzos para su aprobación.

En diciembre de 2009, ante el estancamiento de los debates, se conformó una alianza entre bancadas y se suscribió un pacto con el que -a esas alturas- se pensaba que al fin se evacuaría la ley. Sin embargo  el tiempo demostró lo contrario.

Tan deteriorados están los diálogos hoy en día que, durante 2010 y parte de 2011, los sectores de oposición legislativa y organizaciones vinculadas con el  periodismo, como Fundamedios, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de frenar este debate.

Tal ha sido la polémica de esta normativa que  la presidenta de la comisión ocasional que trataba el tema, Betty Carrillo, renunció para posesionar a Mauro Andino en función de  alcanzar acuerdos.

El último capítulo de este embrollo legislativo arrancó el viernes anterior, cuando el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, comunicó que el próximo martes se llevará la Ley de Comunicación al pleno para ser debatida en segunda instancia y para su aprobación o rechazo. A este anuncio se sumó la acotación de Mauro Andino, quien afirmó que “ya está listo el informe para segundo debate” y que solo está “a la espera de las observaciones de los integrantes de la mesa”.

Este último punto dio paso a que César Montúfar, asambleísta de la agrupación Concertación Nacional y uno de los principales abanderados en contra de esta ley, presentara a Andino -el último lunes- un texto que contiene 41 críticas al informe para segundo debate.

Entre los puntos rechazados por el asambleísta están el incumplimiento de estándares internacionales sobre libertad de expresión, la violación de acuerdos legislativos -específicamente el de diciembre de 2009- y errores de proceso en la elaboración de dicho informe.

El tema que sigue preocupando a Montúfar, al igual que al resto de la oposición, es la conformación de un Consejo de Regulación que vigile el accionar de los medios de comunicación y sancione sus faltas administrativas, así como a los periodistas que eludan la responsabilidad ulterior.

Como consecuencia de todos estos puntos discordantes, el legislador de Concertación Nacional exige el archivo del borrador que será llevado al pleno de la Asamblea. Además, planteó la creación de una nueva comisión para que discuta el tema, en la que participen  medios de comunicación, gremios periodísticos, veedurías, entre otros. También exigió que el presidente de la República, Rafael Correa, haga un llamado formal para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegue al país a analizar la Ley de Comunicación. 

Este pedido -el del archivar- es calificado como inadmisible por Andino, tomando en cuenta que el pasado 7 de mayo los ecuatorianos, mediante consulta popular, demandaron  que la Asamblea Nacional debata y apruebe una ley de Comunicación que contemple la conformación de un Consejo de Regulación. “Pretender no votar o archivarla sería desobedecer el mandato de la consulta popular del 7 de mayo”, acota el legislador de PAIS. 

Desde el interior de la bancada del oficialismo existe algo de nerviosismo por llevar esta normativa al pleno, al hacer cálculos de que no tendrían los votos necesarios para su aprobación. Pero irónicamente es la misma preocupación de la oposición que teme que, a última hora, los votos “independientes” se sumen a la mayoría y den paso a esta ley  que ha tenido varios borradores redactados por diversos  legisladores.

Lo cierto es que, a pesar de que la discusión pública sobre el tema se ha congelado, en los pasillos del Legislativo ya están en marcha los cabildeos para asegurar los votos. Como lo menciona una asambleísta de PAIS, que prefiere omitir su nombre: “Mientras llega la hora del debate, nosotros estamos en la misión de conseguir los votos”.

La ley que costó una vida

Los datos resultaban mínimos para comprender la magnitud del hecho. Autoridades y dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se acusaban entre sí por lo que había pasado hace pocas horas. 

El Ecuador se conmocionó la noche del 30 de septiembre de 2009 con la noticia de la muerte del profesor shuar Bosco Wisuma, producto de los enfrentamientos que ocurrieron sobre el río Upano, en la salida a Puyo, durante la protesta indígena en contra de la Ley de Recursos Hídricos, conocida sencillamente como Ley de Aguas.

El deceso del indígena llevó a que Gobierno y Conaie depusieran momentáneamente sus posiciones y accedieran a reunirse en el Palacio de Carondelet para buscar una salida al problema.

Luego de esa cita se llegó a acuerdos que contemplaban una serie de reuniones entre los delegados de las poblaciones con importantes recursos hídricos y funcionarios de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua).

Además, desde el seno de la Asamblea se empezó a analizar la posibilidad de que, por primera vez en la historia republicana, se desarrollen consultas prelegislativas, lo que ayudaría sumando  opiniones para elaborar un nuevo articulado, pero sin carácter vinculante.

Las consultas prelegislativas son uno de los temas que se tenía previsto votar en la sesión del último jueves, sin embargo, esta diligencia se pospuso para la semana que viene.

Entre las bancadas existe el compromiso de que en esa votación -que tratará reformas a la Función Legislativa- se establezcan las consultas y con eso poder evacuar la normativa de Aguas.

La mesa encargada de tratar el tema será la de  Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, que está presidida por Irina Cabezas (PAIS).

María Augusta Calle, vicepresidenta de la mesa, confirma que el segundo informe de la ley ya fue debatido en el plenario, pero que, debido a una disposición de la Corte Constitucional, no se podrá aprobar el cuerpo legal hasta que no se efectúe la consulta prelegislativa.

Es por este motivo que la asambleísta espera que el próximo jueves -cuando se voten las reformas a la Ley de la Función Legislativa- se entregue la potestad para que la comisión respectiva  realice esta diligencia. Calle afirma que, hasta que esa reforma se dé, la mesa de Soberanía Alimentaria ya ha  trabajado en un borrador de reglamento para la consulta prelegislativa.

“Hay que recordar que esta actividad se aplicará únicamente sobre los artículos de la ley que podrían afectar derechos colectivos de las nacionalidades, pueblos y comunidades, y no sobre  todo el cuerpo legal”, explica la vicepresidenta de la mesa.

Calle se sincera y acepta que el tiempo para aprobar la normativa este mismo año es insuficiente, pues aún no se define el tema de las reformas a la Ley de la Función Legislativa. Una vez que se apruebe el reglamento de la diligencia, la Comisión de Soberanía Alimentaria tiene previsto empezar con la actividad. “Fíjese que solo en el país tenemos cerca de 1.000 comunas”, acota, por lo que considera que a mediados del próximo año se podría estar pensando en llevar a debate definitivo  la Ley de Recursos Hídricos. “Nosotros queremos hacer una consulta válida, no como lo que pasó en Quimsacocha”, enfatiza María Augusta Calle.

Las rezagadas

A diferencia de las normativas de Comunicación y de Aguas, las leyes que regularán los ámbitos penales y culturales del país aún no tienen textos definitivos para debatirse.

El Código Penal, que consta de cuatro libros, ha motivado  que-por su extensión- la mesa de Justicia y Estructura del Estado conforme cuatro subcomisiones para el análisis de la propuesta enviada por el Ejecutivo. Según lo previsto por el cronograma de trabajo de esta mesa, el  informe para primer debate estaría redactado para la primera quincena de diciembre, aunque voces del interior de la comisión consideran que el trabajo debería prolongarse para socializar el contenido. Cálculos de los integrantes de la mesa sugieren que esta normativa podría debatirse en el pleno, para su aprobación, a mediados de 2012.

Por otra parte, el avance de la Ley de Cultura está sujeto a un mismo destino que la de Recursos Hídricos. La mesa que la tramita, y que está presidida por Raúl Abad, debe esperar el establecimiento de las consultas prelegislativas para continuar con los pasos de la aprobación.

A la fecha, el borrador al que más trámite se le ha dado es el enviado por la Presidencia de la República el 14 de septiembre de 2009, el cual cuenta con un informe para segundo debate en el pleno de la Asamblea.