El Consejo Nacional Electoral (CNE) trabaja ya en la convocatoria a la consulta popular en La Concordia, una vez que el Ejecutivo oficializó, a través de un decreto, el llamado a los pobladores para decidir a qué provincia pertenecer, Esmeraldas o Santo Domingo de los Tsáchilas.

Domingo Paredes, presidente del CNE, explicó que al momento elaboran el borrador del plan operativo. La consulta se realizaría en febrero próximo.

Los consejeros señalaron que deben cumplir con el decreto a pesar de las demandas de inconstitucionalidad que asambleístas han anunciado presentarán ante la Corte Constitucional (CC).

Es el caso del legislador Línder Altafuya, del Movimiento Popular Democrático (MPD), para quien el decreto ejecutivo no es válido.  "En todo caso de consulta popular es la Corte Constitucional la que tiene que dar un dictamen previo calificando preguntas y aceptando si es constitucional o no la consulta", dijo en declaraciones recogidas por la Radio Pública.

El asambleísta por la provincia de Esmeraldas, César Gracia, también dijo que demandará la inconstitucionalidad del decreto.

De su lado Mary Verduga, del Movimiento Alianza País y legisladora por la provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas, aclaró que el plazo que tenía la CC para pronunciarse terminó.

"La Ley de Garantías Constitucionales habla de los términos y plazos que tiene la CC para poder emitir ese informe del que habla la Constitución, entonces al no cumplir, y como dice el último inciso del artículo 105 de la ley, que si no se emite el informe en el término de 20 días se da por entendido de que estaría aprobada la consulta", sostuvo.

La asambleísta Paola Pabón también recordó que la ciudadanía tiene todo el derecho de decidir a dónde pertenecer.

Altafuya indicó que el próximo martes se reunirán en asamblea general en Esmeraldas para analizar las acciones a tomar.