Por el delito de peculado, el cual no prescribe, serían investigados penalmente por la Fiscalía los  exfuncionarios de los gobiernos de Jamil Mahuad (de la extinta Democracia Popular) y de Sixto Durán Ballén, que hace 15 años liberaron de toda responsabilidad a la transnacional Texaco (cuyas acciones adquirió Chevron en 2001) por la contaminación ambiental causada en el norte de la Amazonía ecuatoriana.

Como “traición a la Patria” calificó el secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, la actuación de los exfuncionarios de Mahuad y Durán Ballén, quienes con su firma aprobaron un plan de remediación que no se cumplió en Sucumbíos y Orellana.

Como reveló EL TELÉGRAFO el 4 de septiembre pasado, el acta final que en 1998 avaló la supuesta remediación la suscribieron:  el exministro de Energía y Minas, Patricio Ribadeneira; el expresidente ejecutivo de Petroecuador, Ramiro Gordillo; el exgerente de Petroproducción, Luis Albán Granizo; el exvicepresidente de Texaco, Ricardo Reis Veiga; y Rodrigo Pérez Pallares, representante legal de esa compañía  en  Ecuador, denominada Texpet.

Sin embargo, para los afectados, Texaco nunca reparó los daños causados en la Amazonía durante los 26 años de explotación petrolera.

Pese a que el informe de Contraloría (realizado entre 1997 y 2000) y los estudios de la realidad que viven los afectados confirmaban que Texpet solo hizo cierta remediación antitécnica, funcionarios de Mahuad  procedieron con su rúbrica a “liberar, absolver y descargar para siempre a Texpet, Texas Petroleum Company, Compañía Texaco de Petróleos del Ecuador S.A., Texaco INC. y a todos sus respectivos agentes, sirvientes, empleados, funcionarios, abogados, indemnizadores, garantes, herederos, administradores, ejecutores, beneficiarios, sucesores, predecesores, principales y subsidiarias, de cualquier demanda o reclamación del Gobierno del Ecuador, de Petroecuador y de sus filiales” (ver facsímil).

Ayer, en una entrevista con EL TELÉGRAFO, Mera  dijo que se  reunió con el fiscal General Galo Chiriboga y le pidió “revivir” el caso en base a la auditoría realizada por la Contraloría General del Estado.

¿El Gobierno actual va a emprender una acción legal contra los exfuncionarios públicos que firmaron el acuerdo de remediación con Texaco-Chevron?
Es terrible lo que hicieron tanto los funcionarios de Sixto Durán Ballén como de Mahuad. Firmaron sin remediar las piscinas de Chevron y dieron un finiquito estableciendo que todo estaba limpio. La Contraloría estableció indicios de responsabilidad hace algunos  años, pero desgraciadamente la fiscal (de ese entonces) Cecilia Armas viró la cara y dijo que no pasó nada, que este era un problema de carácter civil. Ya hemos pedido al fiscal Galo Chiriboga que reabra el proceso, por cuanto consideramos que hay indicios de peculado, cuyo delito no prescribe.

¿Cuándo le pidió eso al fiscal?
Hace cuatro semanas. Está en manos del fiscal iniciar un juicio penal contra esos delincuentes, traidores a la Patria, sinvergüenzas, corruptos. Eso es peculado, porque van a obligar a Petroecuador, cuando terminen los procesos penales y civiles contra Chevron, a hacer esa remediación (con dineros del Estado). Si Chevron no lo hace y corrompe a todas las autoridades internacionales, tendría el Ecuador que hacerlo.

¿De qué exfuncionarios se habla?
De Petroecuador. Son funcionarios que dijeron a Chevron: ya no te vamos a reclamar, vete tranquilo,  cuando todo estaba contaminado.

¿Es una cláusula implícita o explícita la que está en el acuerdo de liberación que exime de responsabilidad a Chevron?
Es explícita, porque exime de responsabilidad a Chevron... dice que todo está limpio cuanto todo sigue sucio después de 20 años. Esa gente debería irse a la cárcel.

¿Chevron se ampara en que esa acta final firmada en el Gobierno de Mahuad la libera  de todo?
Claro, Chevron se basa en eso, pero lo que no pensó Chevron es en que las comunidades indígenas iban a presentar su propio reclamo. Tampoco consideraron que el actual Tribunal Arbitral de La Haya diga que los afectados tienen derecho a reclamar. El Tribunal Internacional, a diferencia de lo que dice Chevron, ha señalado que cualquier persona afectada por la contaminación de Chevron puede hacer su reclamo.

¿El delito de peculado no prescribe, lo que significa que aún se puede hacer algo?
No prescribe, de allí que nunca es tarde para hacer lo que se tiene que hacer y esperemos que el fiscal actúe. Hay un examen especial de la Contraloría General. El que no se hizo en este Gobierno. Se hizo en la época del expresidente Lucio Gutiérrez.

Examen especial que determina que no hubo tal remediación...
¿Qué habrán recibido? En el Gobierno de Mahuad, el canciller era Benjamín Ortiz, actual jefe de relaciones públicas de Chevron en Ecuador. Esos son los traidores a la Patria. Y actualmente Cecilia Armas es asesora de la Fiscalía General. Tiene que responder ante el país por lo que hizo (en ese entonces).

EN LA ONU SE DENUNCIÓ A LA MULTINACIONAL

Ecuador denunció ayer, en la sede de las Naciones Unidas, la campaña mediática de desprestigio contra el país que lleva adelante la petrolera Chevron.

Su objetivo, denuncian las autoridades, es evitar el pago de 19.000 millones de dólares a los afectados por la contaminación, producto de su actividad desarrollada entre 1964 y 1990.

El evento estaba previsto para la tarde de ayer, pero hasta el cierre de esta edición éste aún no ocurría.

Según el periódico oficial ElCiudadano.com, el canciller Ricardo Patiño tenía previsto proteger “los intereses nacionales luego de que Chevron intentó involucrar al Estado ecuatoriano en el litigio que la petrolera mantiene con las comunidades amazónicas, por los pasivos ambientales que la Texaco dejó en la zona selvática del país”.       

Junto a Patiño viajaron a Nueva York varios de los afectados por la contaminación en la provincia de Sucumbíos. Entre ellos estaban Carmen Zambrano y Medardo Shingri. A ellos Estados Unidos demoró en otorgarles la visa, lo que fue denunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tras esta protesta, finalmente, los demandantes pudieron recibir el permiso de viaje.

Ellos tenían planeado exponer los efectos de la contaminación en las poblaciones donde viven. Querían denunciar las consecuencias a la salud y cultivos.

Las piscinas de petróleo se han filtrado a los ríos y pozos subterráneos, lo que ha causado problemas a la salud de los habitantes.

Fue la Corte Provincial de Sucumbíos la que falló a favor de los demandantes. El tribunal obligó a la multinacional a pagar 19 mil millones de dólares.

Chevron considera al juicio fraudulento y acusa de corrupción a los abogados ecuatorianos y norteamericanos. Además asegura que el Gobierno manipula la justicia a su favor. Por esos alegatos no reconoce la legitimidad del fallo.