Los 11 miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) deberán concurrir ante la jueza de la Unidad Vigésimo de lo Penal, Verónica Medina, por el presunto delito de calumnia.

El ministro de Electricidad y Energía, Esteban Albornoz, interpuso ayer una querella en la Unidad Judicial de Garantías Penales, Contravenciones y Menores Infractores.

Los integrantes de la CNA presentaron a fines de septiembre pasado un informe en el que se habla de un supuesto sobreprecio del 82% en la construcción del proyecto hidroeléctrico Manduriacu.       

Frente a  esa acusación, el Ministro reaccionó con una denuncia ante la Fiscalía.

Albornoz, quien dijo estar en representación y como presidente del Directorio de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), señaló que el documento estaría lleno de “falsedades, imprecisiones, mentiras e inventos”.

“Los miembros de esta Comisión Anticorrupción ahora han cambiado el discurso y dicen que solo están pidiendo que se investigue pero no, aquí se afirman barbaridades y tienen que hacerse responsables frente a lo que han escrito y que presentaron públicamente con un show el 22 de septiembre”, aseguró.

El sobreprecio, la imputación de delitos falsos y confundir nombres y/o inventar nombres de personas en cargos, son algunos de los 4 “errores” que mencionó el ministro, por lo que espera que los jueces penales establezcan las sanciones correspondientes. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona la calumnia con una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años.  

Una vez que sean citados los integrantes de la Comisión, el proceso puede tomar 6 meses. La jueza deberá calificar la demanda para posteriormente abrir el término de prueba y finalmente determinar la fecha y hora de la audiencia.

El miércoles pasado, cuando los miembros de la CNA presentaron su denuncia en la Fiscalía, su vocero, Jorge Rodríguez, manifestó que sus aseveraciones tendrían sustento técnico. “Estamos haciendo legítimo uso de los derechos constitucionales de los ciudadanos de denunciar la acción pública cuando sea transparente”.

Por el momento no quiso adelantar contra quiénes específicamente se hizo la denuncia. “Aquí participaron desde un inicio autoridades de la Prefectura, de las empresas vinculadas con el tema de contratación de centrales hidroeléctricas, tenemos los fiscalizadores, el constructor, el consultor y la fiscalización final de la contraloría”, señaló.

¿Qué establece el examen de la Contraloría General del Estado?

Veintiún días más tarde que la CNA aprobara la investigación efectuada al proceso de contratación pública para la construcción de la hidroeléctrica Manduriacu, la Contraloría emitió un comunicado aclarando las aseveraciones hechas en dicho documento, las cuales califica de “equivocaciones”.

La Contraloría descartó que en los exámenes especiales se haya evidenciado un sobreprecio. Por el contrario los especialistas constataron 3 contratos complementarios que sumaban $ 40’220.086,22 sin incluir IVA y que constituían el 32,2% del monto de contrato inicial de $ 124’412.316,18.

Los convenios adicionales corresponden al mejoramiento y mantenimiento de la vía de acceso a la obra, además de ajustes a las especificaciones técnicas de los equipos hidroelectromecánicos.

Otras de las obras complementarias fueron la construcción de un túnel de desvío del río Guayllabamba, ajustes electromecánicos y cambio de la tipología de la presa de hormigón, y por variaciones de carácter geológico.

“En el informe emanado por parte de la Contraloría, se evidencian estas contrataciones adicionales e incrementos de cantidades de obras, las que no constituyen de modo alguno “sobreprecio”, figura que se genera cuando los valores de los precios unitarios son fijados sin responder a parámetros técnicos respecto de los de mercado, que no es el caso”, señala la notificación. En este sentido, a inicios del presente mes, en entrevista en Radio Democracia, el ministro Albornoz aclaró que la CNA comete un error de fondo al aseverar que el costo del proyecto aumentó de $ 124 millones a $ 227 millones porque este último valor estaría en el perfil del proyecto presentado por Celec EP a  la Senplades. Es decir, se estaría confundiendo el valor del contrato con el costo total del proyecto Manduriacu.

De igual forma, el gerente de Celec EP, Eduardo Barredo, en una entrevista concedida a Radio Visión, el 2 de octubre pasado explicó: “Allí ($ 227 millones) se incluyen las indemnizaciones a los propietarios de las tierras, la fiscalización de las labores de los contratistas. Esos no son recursos que se van al contratista, por lo tanto son costos del proyecto, pero no del contrato”. (I)

La Comisión Anticorrupción  se reunirá mañana

Los 11 miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) se reunirán mañana en sesión de trabajo para emitir un pronunciamiento sobre la denuncia presentada por el ministro de Electricidad y Energía, Esteban Albornoz, en contra de ellos por el delito de calumnia.

Así lo confirmó a EL TELÉGRAFO Ramiro Román, uno de los integrantes de la CNA (ver gráfico).

Román, exministro juez de la ‘Pichicorte’ en el gobierno de Lucio Gutiérrez, fue abogado del exsindicalista Fernando Villavicencio y de Carlos Figueroa,  condenados a 6 y 18 meses de prisión y al pago de $ 145.000 por el delito de injuria contra el presidente Rafael Correa.

“Nos han convocado a esa sesión, así que no le puedo expresar nada al respecto. No sé qué pase”, manifestó Román.

El lunes pasado, Román y otro de los integrantes de la Comisión, el economista Jorge Rodríguez, quien es presidente y accionista mayoritario de Alfa Seguros, compañía que en el SRI consta que no ha pagado impuestos en 2004, 2005, 2011, 2012 y 2013, fueron invitados al programa conducido por Gonzalo Rosero, en Radio Democracia.   

Allí Román señaló que para realizar sus acusaciones se basaron en el Código Orgánico Penal anterior y reiteró que la responsabilidad recae en el contralor del Estado, Carlos Pólit.

En días pasados, por su parte, Pólit manifestó que la CNA tomó “de manera descontextualizada” el informe de Contraloría, el cual concluyó que “a base de los resultados de las auditorías implementadas por Celec EP y de las inspecciones técnicas realizadas (...) las observaciones al Plan de Manejo Ambiental están siendo subsanadas. (I)

Datos

La hidroeléctrica Manduriacu se encuentra ubicada entre Pichincha e Imbabura, en los cantones Quito y Cotacachi.    

Tiene una potencia de 65 MW, lo cual aportará  367 GWh /año. Este proyecto aprovecha las aguas del río Guayllabamba con un caudal medio anual de 168.9 m3/s aprovechables para generación.   

Las comunidades de influencia son Cielo Verde, Río Verde, Sta. Rosa de Manduriacu, El Corazón, Chontal, Guayabillas y Sta. Rosa de Pacto.

Opera desde enero de 2015. La inauguración fue el 19 de marzo  pasado. Inició su construcción en 2011 con un presupuesto de $ 163 millones.   

Durante su fase de construcción creó 2.450 fuentes de empleo directo. Beneficia a más de 10 mil habitantes correspondientes a las parroquias de Pacto y García Moreno.  

Aporta al Sistema Nacional Interconectado reduciendo emisiones de CO2 en aproximadamente 186 mil toneladas C02/año.

Manduriacu es una de las centrales de generación hidroeléctrica perteneciente a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Paute-Molino, Mazar, San Francisco, Agoyán, Baba, y los 8 proyectos hidroeléctricos en construcción).  

La entrada en operación de las 8 nuevas hidroeléctricas (Coca Codo Sinclair, Sopladora, Minas San Francisco, Toachi Pilatón, Delsitanisagua, Quijos, Mazar Dudas) significará un ahorro de más de $ 1.000 millones al año para el país.

Los principales ejes y obras del plan de desarrollo territorial de Manduriacu fueron: rehabilitación y equipamiento educativo de 7 instituciones educativas de la zona; dotación y mejoramiento del servicio eléctrico; construcción de infraestructura vial.