Volquetes obsoletos ruedan frente a oficinas de tránsito

- 25 de noviembre de 2017 - 00:00
Un volquete circula en la avenida del Bombero, en sentido noroeste-sureste, a pocos metros de la sede de la ATM.
David Guerrero / et

Viernes. 11:05. Por la avenida del Bombero, oeste de Guayaquil, circula un volquete de apariencia muy similar al que tumbó el paso peatonal en la autopista Narcisa de Jesús, el jueves pasado, solo que con el balde en su sitio.

Tras algunos incidentes que involucran a este tipo de vehículos de carga, en la vía Perimetral y av. de las Américas, los conductores quedan con la sensación de que no existe control adecuado por parte de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) sobre las condiciones mecánicas. Los volquetes pasan incluso frente a la mencionada institución, cuya sede está en la av. del Bombero.

Víctor Caicedo, chofer de taxi, comenta que los pesados automotores provienen, en su mayoría, de la vía a la Costa. “Algunos son de las canteras que están por las urbanizaciones”. En cuanto al control, según el director de la ATM, Andrés Roche, existe.

Pero juzga que  la impericia de ciertos choferes y la falta de revisión técnica son los principales motivos de los últimos accidentes.
EL TELÉGRAFO, durante una visita ayer a la ATM, conoció que la próxima semana se anunciarán nuevas acciones de control para estos vehículos.

Por otra parte, la ATM informó que sus abogados pusieron ayer la denuncia respectiva en la Fiscalía de Guayas para que se inicien las investigaciones respecto de los responsables del accidente en la autopista Narcisa de Jesús.

Guido Abad, abogado de flagrancia en las dependencias de la Fiscalía del sector Florida Norte, indicó que dentro de las investigaciones  se detectaron supuestos permisos falsificados de circulación. “Toda la información será entregada a la Fiscalía para que investigue sobre un hecho doloso, como lo es el uso de documentos falsos”.

Según el RUC que estaba en la documentación encontrada en el lugar del incidente, el vehículo pertenece a la compañía Vimorca.
Abad puntualizó que la Fiscalía deberá comprobar el grado de responsabilidad.

Acotó que los involucrados se exponen a una pena de privación de libertad que va de uno a tres años. (I)

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