U. Estatal sostiene parte del presupuesto sin gratuidad

06 de agosto de 2011 - 00:00

El cobro de  tasas universitarias, cursos,  seminarios, y otros valores en las distintas facultades de la Universidad de Guayaquil conforman casi el 30% del presupuesto total de 2011, que necesita la entidad para su funcionamiento. 

Según información disponible en la página web de la unidad académica, de los casi $ 160 millones presupuestados para 2011, más de $43 millones corresponden a los valores por tasas y prestación de servicios académicos. 

Mientras que los $28 millones asignados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) apenas representan el 17% del presupuesto de este año.

Carlos Cedeño, rector de la Universidad de Guayaquil, explicó que el autofinanciamiento en varias carreras y cursos, así como otras acciones de autogestión son necesarios para cubrir el déficit.

“Algunas facultades han implementado  estas medidas como la producción de bienes y servicios a otras instituciones para ayudar en el presupuesto anual”, comentó.

Según la página de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), se asignó a la Universidad de Guayaquil más de $107 millones, lo que supondría un incremento del 10,5% con respecto de los valores asignados en 2010 ($97 millones).

Cedeño puntualizó que en ese valor ($107 millones) están incluidos los recursos provenientes de preasignaciones fiscales (compromisos asumidos anteriormente).

“Aún con ese incremento se cubre solo el 66% de lo que realmente necesita el centro de educación superior, en concordancia con el número de estudiantes por facultad”, manifestó Cedeño.

Criterio dividido

Entre los estudiantes y docentes del alma máter  existen diferentes posturas con respecto de las carreras y cursos autofinanciados, y el cobro de valores, ante la vigencia de la gratuidad de la educación superior.

Alumnos identificados con movimientos afines a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) cuestionaron que el Gobierno “no haya asumido aún un compromiso total con la gratuidad”.

Mientras que otros, en cambio, consideraron que la malinterpretación del concepto de “la universidad es del pueblo” es lo que finalmente devaluó la calidad académica de la institución.

Manuel Carranza, estudiante de la Facultad de Filosofía, aseguró que dentro de la unidad se deben cancelar hasta 200 dólares por seminarios para obtener la licenciatura en párvulos.

“En lo personal creo que es un abuso”, dijo Carranza.
“Entiendo que el Gobierno no entrega todo lo que la universidad necesita pero ésta no puede pretender que el faltante lo cubra el estudiante”.

Con él concuerda Hamilton Unda, docente de la Facultad de Jurisprudencia, quien ayer se postulaba a la presidencia de la Asociación Escuela de Derecho.

“Más allá de lo que se entrega o no se entrega, tampoco ha existido una real auditoría de los recursos asignados a cada facultad”, cuestionó Unda.

Mientras que Fabricio Freire, quien ayer hacía fila en el edificio administrativo central para cancelar valores por la carrera de Turismo, opinó que existen unidades que requieren más apoyo que el proporcionado por el Estado.
“Existen carreras técnicas que merecen más atención para elevar la cantidad de recursos pedagógicos y poder competir con otras universidades”, dijo Freire.

Puso como ejemplo la Unidad de Producción Tecnológica (UPT) de la Facultad de Comunicación Social (Facso), que proyecta la construcción de una nueva sede.

“Tomando en cuenta el tiempo que tiene de creada la UPT, han demorado demasiado en finalmente aumentar su calidad cuando otras universidades están más que adelantadas a eso”, comentó Freire.

Marina Celi, estudiante de la Facultad de Medicina, considera que los recursos tampoco están siendo bien utilizados por las unidades académicas.

“El primero que llega o el que tiene palanca es el primero que entra a estudiar”, afirmó Celi. “Hubo buenos estudiantes que se quedaron fuera por otros que vienen a clase cuando les da la gana”.

La Senescyt, por su parte, está socializando un nuevo procedimiento de ingreso a las universidades que permita la optimización de los recursos que se les entrega anualmente.

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