Los moradores de la cooperativa Monte Lindo, en Monte Sinaí, provocaron incidentes durante los operativos de desalojo que realizó ayer la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Irregulares.

Según la entidad, 131 familias del noroeste recibieron la notificación de desalojo el 17 de abril pasado. Aunque algunas de ellas optaron por desmontar sus bienes por iniciativa propia, otras pusieron resistencia ante el operativo realizado por la Policía Nacional.

Yajaira Granja, quien hasta ayer vivía con dos hijos menores de edad en una casa de caña, reclamó a los agentes que no le habían dado tiempo suficiente para buscar un nuevo lugar de residencia, en otro punto de la ciudad. “No sé en qué cabeza creen posible que en menos de 15 días puedo solucionar esto”, cuestionó la mujer que está embarazada.

Mientras que moradores del lugar arremetieron contra los comunicadores y camarógrafos, de ECTV, GamaTV y RTS, que hacían  tomas de hombres y mujeres cuando se armaban con palos y  piedras. Por su parte, los policías respondieron con gas pimienta sin hacer uso de otras armas (aproximadamente al mediodía).

El saldo de estos enfrentamientos fue dos mujeres y un gendarme  heridos por golpes con rocas. Julio César Quiñónez, titular de la secretaría, coordinó las acciones desde la escuela María Urbina, ubicada a pocos metros de donde una maquinaria comenzó a derrumbar varias casas.

El ente estatal basa sus acciones amparándose en el Decreto 607, en el cual reza que el complejo hídrico Santa Elena es zona protegida.

Por su parte, 29 familias se organizaron para interponer una acción de protección contra las instancias estatales que participan de los operativos. Carmelina Yaguachi, quien habita en el sitio desde marzo de 2010, explicó que su causa recayó en el Juzgado Cuarto de lo Penal.

La mujer, de origen lojano, cuestionó que las acciones de desalojo se realicen cuando la medida legal está vigente desde el 25 de abril pasado. “Yo le pregunto al presidente (Rafael Correa) por qué deja que matriculemos a nuestros hijos en una escuela del sector y en quince días nos saca de aquí, debió dejar por lo menos que nuestros hijos terminen el año lectivo”.

Los moradores buscaron hablar con Quiñónez,  pero hasta las 12:00 no hubo respuesta. Asimismo, a pocos kilómetros del sitio, en la avenida Casuarina, un grupo de familias de la cooperativa Thalía 2 cerró parcialmente la vía como medida de protesta frente a los anuncios de desalojo.

Desde las 08:00, los habitantes de la zona quemaron llantas y trozos de madera en el carril sur de la Casuarina -que conduce hasta la entrada de la 8- y obstaculizaron a los pocos vehículos que transitan por el lugar.

Martha Macías, quien vive desde hace 5 años en el sector, aseguró que algunas de las familias ya recibieron avisos de desalojos y que se oponían a la medida. “No queremos reubicación sino que se nos legalice... Las casas del Estado son muy pequeñas para las familias grandes”.

Reubicación por invierno

Las últimas 14 familias (65 personas) que, por las fuertes lluvias del invierno, permanecían albergadas en el colegio fiscal  Fermín Vera Rojas, del Bloque 6 de Flor de Bastión, fueron trasladadas a un plan habitacional del Estado.

Las mencionadas familias estuvieron  albergadas, desde inicios de marzo, tras  la pérdida de sus enseres y viviendas, que estaban construidas en zonas consideradas de alto riesgo. Las citadas personas se sumaron a 31 más que permanecían en casas acogientes y que, actualmente, ya disponen de viviendas propias adjudicadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), en Ciudad Victoria, ubicada al noroeste de Guayaquil.

Según la coordinadora Zonal 8 del MIES, Peggy Ricaurte, durante la etapa invernal se brindó atención en 6 albergues habilitados (5 en Guayaquil y 1 en Posorja) y en casas propias y acogientes a un total de 832 familias que representan 2.907 personas. A ese colectivo se le entregó 894 kits de alimentos, 283 kits de aseo personal, 639 kits de dormir e insumos de cocina.