‘Roberto’ (nombre protegido), quien reside en el norte de Guayaquil, comenzó en 2011 a pagar por una vivienda en el programa habitacional municipal Mucho Lote 2 con el objetivo de contar con casa propia.

Han pasado casi 5 años, pero de aquel ansiado inmueble el ciudadano solo ha recibido excusas por parte de la constructora Daldry S.A., responsable de las obras en la etapa 6 de la urbanización.

En el primer contrato firmado con Daldry, afirmó ‘Roberto’, el precio de la casa se fijó en aproximadamente $ 36.000. “Esto no incluía los acabados como la baldosa de los pisos ni el porcelanato”.

El compromiso suscrito establecía que debía pagar el 30% de entrada, en un plazo de 2 años. Es decir, hasta 2013.

Una vez cumplido ese valor, la empresa debía entregar el inmueble y la documentación que permitiera iniciar el trámite para acceder a un préstamo hipotecario y cancelar el valor restante.

Sin embargo, ‘Roberto’ sostiene que tras cumplir con su parte del compromiso no se entregaron ni la casa ni los documentos. “Adujeron que el Municipio tampoco facilitó otros requisitos para finiquitar la entrega”.

Los problemas no son aislados. Un grupo de personas consultadas por este Diario afirma que 400 ciudadanos estarían en situación similar a la de ‘Roberto’. Algunos de ellos también prefieren el anonimato porque presumen que Daldry tomaría retaliaciones como cancelar el contrato de adquisición y devolver los valores.

Otros, como Grace Armas, exponen abiertamente su queja porque “ya la empresa me quitó la casa y se la vendió a otra persona”.

La propiedad en cuestión la siente como suya porque aportó parte de los $ 36.000 de entrada, aunque, en realidad, está a nombre de su esposo.

Su situación es similar a la de ‘Roberto’, es decir, no se entregó la casa en el plazo convenido. Al indagar sobre el particular, Daldry informó a Armas que había que hacer un reajuste del valor de la vivienda por un aparente incremento en el costo de los materiales.

El nuevo escenario implicaba cancelar $ 4.895 adicionales al valor de la entrada. Armas y su cónyuge se negaron a hacerlo y la empresa procedió a devolver los valores cancelados para, posteriormente, poner el inmueble en venta.

Por su parte Brenda Gómez, de Las Orquídeas, manifestó que la empresa nunca le informó que su casa ya estaba terminada. “Si no me acerco a preguntar, no me dicen nada del reajuste”.

A diferencia de ‘Roberto’ y Armas, Gómez no cuenta con un contrato con Daldry, aunque sí realizó abonos a la entidad que suman $ 21.000, lo que cubre el 30% del valor de la casa.

Por el momento, la transacción -que inició en 2013- no ha sido cancelada, pero Gómez se mantiene en desacuerdo sobre el valor adicional que tendría que pagar por el reajuste. “Cinco mil dólares es un valor excesivo y no podemos financiarlo”.

Algunas personas han enviado notificaciones al Cabildo, pero no han recibido respuesta. Otras han optado por colocar una queja ante la Defensoría del Pueblo.

Este Diario buscó la versión de Daldry, pero las llamadas no fueron contestadas.

También se solicitó una explicación a la Dirección de Obras municipales pero tampoco hubo respuesta. (I)