Petroecuador anunció que no demolerá ni expropiará las construcciones que invadieron el derecho de vía, implementado en 1988 durante el gobierno de León Febres-Cordero (+), que favorece a la empresa para edificar e instalar ductos.

La decisión se tomó por los rumores de desalojos que circula entre los moradores de las zonas pobladas de la urbe que atravesará el gasoducto del proyecto Monteverde-Pascuales.

Mario Sánchez, abogado de la estatal, planteó la posibilidad de demoliciones durante la audiencia que se realizó, la semana pasada, por un recurso de amparo interpuesto por habitantes de la vía a la Costa.

Según el derecho de vía, está prohibido, en una extensión de 15 metros a cada lado del eje de los poliductos, edificar inmuebles y levantar campamentos temporales. “La cercanía a las viviendas no se debe a Petroecuador, pudiendo establecer quiénes invadieron el derecho de vía (...). Deberán ser desalojados y demolidas las viviendas que se encuentran en el derecho de vía mencionado”, dijo el representante legal de Petroecuador en la audiencia.

José Sánchez, gerente (e) de Transporte y Almacenamiento de la estatal, calificó de lamentable dicha interpretación legal de la situación y ratificó la postura de no promover expropiaciones o demoliciones.

Por otra parte, anunció que se implementará un plan de control en la zona de los ductos, que transportan combustibles, para evitar que se produzcan más invasiones.

El funcionario aseguró que el impacto por el irrespeto al derecho de vía ha sido mínimo. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional ha solicitado a Petroecuador un informe sobre las transgresiones, que debe ser entregado en las próximas semanas. “Las invasiones son pequeñas, no afectan el mantenimiento ni la seguridad del ducto”.

El gasoducto Monteverde-Pascuales tiene 127 km de extensión, de los cuales, según Sánchez, el 85% (107,9 km) pasa por zonas rurales y el restante (19,1 km)  por urbanas.

Dentro del trayecto que pasa por la urbe, la tubería atraviesa la avenida Casuarina,  intervenida por el Municipio de Guayaquil, a través de la empresa Consorcio Bueno & Castro-Ing. Hugo Luna.

En varios hitos del ducto hay rótulos con el logo de Petroecuador que restringen el paso vehicular y prohíben excavaciones, construcción de caminos y sembríos.

Sin embargo, el gasoducto ya está debajo de la obra vial municipal que inició en mayo de 2012 y concluiría en marzo de 2013, según el Cabildo.

Con respecto a esta situación, Sánchez aseguró que se implementaron medidas adicionales de seguridad para mitigar el impacto del tráfico y obras complementarias en el sector. “Se han instalado detectores de gas y flama en las casetas de válvulas y bombeo”, afirmó.

También se construirá un parque lineal en el trayecto del ducto que pasa por zonas populares, como Flor de Bastión y Paraíso de la Flor.

Petroecuador anunció que se contratará un nuevo estudio de seguridad para el sistema de transporte de hidrocarburos, como parte del cumplimiento de los consensos alcanzados con varios moradores de los sectores por donde pasará el gasoducto.

Los moradores de la vía a la Costa, pese a los anuncios de seguridades adicionales en el proyecto de Petroecuador, reiteraron que seguirán acciones legales contra la empresa estatal.

La noche del miércoles, la jueza Victoria Totoy, de la Unidad Judicial Nº 3, negó el último recurso de amparo solicitado por los habitantes de las urbanizaciones. La resolución se basó en que no hay pruebas contundentes del peligro del gasoducto y que otras acciones legales similares ya fueron presentadas.

Por su parte, el Cabildo ayer envió un comunicado en el que señala que mantener, proteger y controlar (ahora y en el futuro) el derecho de vía libre de ocupaciones ilegales corresponde a Petroecuador y al Gobierno Central.

Y que en el caso de la construcción de la urbanización Portovita fue la petrolera la que la autorizó a estar allí. Además, aclaró que sobre el ducto no hay nada que debatir. “Este Municipio no se prestará para discusiones y argumentaciones políticas...”.