La palabra huelga nunca terminó de encajar en un colectivo como el de los futbolistas. Unos peculiares trabajadores cuya cúpula profesional está formada por unas 1.000 personas en toda España con una bolsa salarial cercana a los 600 millones de euros.  

Este es el argumento principal de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional para suspender cautelarmente el paro que habían convocado para este fin de semana contra el decreto del Gobierno sobre derechos audiovisuales. El tribunal también ha exigido a la Liga de Fútbol Profesional (LFP), la organización que agrupa a los dirigentes de Primera y Segunda División opuesta al paro, una fianza de 5 millones de euros para hacer frente a los posibles daños y perjuicios que pudieran producirse en caso de que finalmente la razón esté de parte de los futbolistas.   

Un enredo jurídico de compleja digestión para quienes no siguen habitualmente el desarrollo del deporte rey en España, pero que sirve para visualizar la guerra abierta que se ha desatado por el control de los derechos de televisión, un suculento negocio que ha generado muchas desigualdades entre los equipos profesionales del país.

Los magistrados basan su decisión en que la huelga impediría concluir el campeonato en las fechas indicadas, “lo que puede provocar un grave desorden organizativo, cuya resolución es muy difícil por los compromisos internacionales de la selección nacional y de los propios clubes, así como por las propias fechas de vacaciones de los futbolistas”. No obstante, el tribunal subraya que esta decisión es una medida cautelar y que, por lo tanto, su decisión definitiva podría ser modificada en función de los aspectos que afectan al derecho de los futbolistas como trabajadores. De ahí que se exija a la liga una fianza.

El dictamen judicial, como era de suponer, no profundiza en el motivo real de la huelga, es decir, la de forzar al Gobierno a dar marcha atrás en el nuevo decreto que regulará la venta de los derechos de televisión para acabar con un negocio que debe 3.000 millones en impuestos.

La nueva ley que ayer, precisamente, pasó el trámite del Congreso de los Diputados con el apoyo de todas las fuerzas políticas, se ajusta como un guante a las demandas realizadas hace un año por todos los equipos españoles, salvo el Real Madrid y FC Barcelona, de vender los derechos de la liga en un paquete único, tal y como hace el resto de las ligas profesionales europeas, en lugar de hacerlo mediante las pujas entre las dos plataformas existentes -Prisa y Mediapro- que compraban y vendían los derechos club a club.

De ahí que ahora se hayan desatado todas las alarmas. Los primeros en ser señalados han sido los propios deportistas y, en concreto, los que figuraban en primera fila durante el anuncio de la huelga, todos ellos con salarios multimillonarios. La explicación que han dado jugadores como Íker Casillas, Xavi Hernández, Gerard Piqué y Andrés Iniesta es que sin su apoyo el decreto no garantizará nunca los ingresos suficientes a las verdaderas víctimas del loco mundo del fútbol: los futbolistas de los equipos quebrados que no consiguen cobrar. (I)