Que una comisaria de salud haya sido parte de un “negocio” en una clínica para adicciones y, de paso, para “tratar” a homosexuales prueba que hay mucho por hacer en la mente de ciertos profesionales. Si lo hacen por un negocio, siendo parte del servicio público, no puede haber indulgencias.

Y más si en esos “tratamientos” hay violencia física y sicológica. La funcionaria ahora tiene un proceso judicial en Napo; empero, eso obliga a generar mucha información y pedagogía sobre este tema.

El lucro obtenido por la comisaria y sus colegas tiene su origen en el desconocimiento de que una opción sexual distinta no es una enfermedad. Esto no puede continuar, por eso es necesario superar prejuicios de género y denunciar a esas clínicas, tanto “legales” como clandestinas.