Todos los análisis sobre los propósitos detrás de las manifestaciones contrarias a la eliminación de los subsidios a los combustibles fueron superados tras la constatación de una coordinada acción de ataques a edificios públicos y privados, a los bomberos, a las ambulancias, a los comercios.

No respetaron nada, sembraron el terror en las carreteras, en las avenidas de varias ciudades, y especialmente en las calles de Quito.

No se trataba de una protesta social pacífica como nos hicieron creer, todo lo contrario, lo que ocurrió durante el sábado 12 de octubre responde a lo que en su momento advirtió el Presidente de la República: una confabulación tramada desde el extranjero, ejecutada por bandas terroristas y del narcotráfico, contrabandistas; pero también por quienes perdieron el poder y hoy son investigados por corrupción.

  Por eso no fue extraño que, por segunda ocasión, se ataque y se incendie el edificio de la Contraloría General, donde reposa mucha documentación clasificada que confirmaría el uso doloso de recursos del Estado. También fueron por la Fiscalía, pero no lo lograron, tampoco el asalto a la Asamblea, pese al persistente acoso del lumpen organizado.

  El odio acumulado durante 10 años dio sus frutos durante la jornada de ayer mediante el ataque cobarde al edificio de Teleamazonas, al norte de Quito, y a varios periodistas, incluido un camarógrafo de Medios Públicos. En medio de sus invitaciones a un diálogo directo con la Conaie, Lenín Moreno se vio obligado a decretar el toque de queda en la capital ecuatoriana desde la tarde de ayer.  El terror no puede apoderarse de un país como Ecuador que anhela vivir en paz, que trabaja y emprende, que lucha día a día por superarse. Un país que en su legislación rechaza el terrorismo, artículo 366: “La persona que individualmente o en asociación armada provoque o mantenga en estado de terror a la población (...) o ponga en peligro la vida... las edificaciones, medios de comunicación, transporte (...) será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años”. La justicia debe actuar de oficio para defender a la sociedad del terrorismo, la peor lacra que afecta a los países. (O)