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El Telégrafo

¿Una renuncia masiva de médicos a la vista?

20 de octubre de 2013 - 00:00

La mala práctica médica es un asunto complejo. Hay un sinnúmero de casos de denuncias sobre muertes de personas o que han quedado en estado vegetativo o con problemas incurables tras un mal tratamiento médico. Y, por lo que se sabe, no hay sanciones para los galenos responsables de esas infracciones.

De igual modo es muy difícil asumir que cualquier daño mortal o permanente sea tratado como un crimen y con ello se penalice al médico que hizo todo por salvar una vida, a veces en circunstancias muy complejas y desesperadas.

La jurisprudencia sobre este tema, en cualquier país, conlleva mucha tensión y posturas casi irrenunciables. Incluir sanciones en el Código Orgánico Integral Penal  para este tipo de infracciones no es un retroceso ni una dedicatoria concreta. Al contrario, es reconocer que existe una realidad: algunas personas han muerto por una mala práctica médica y es necesario sancionar. Eso sí, como lo dice el mismo artículo propuesto: tras la confirmación de que se han incumplido protocolos y normas, incluso de carácter internacional.

Evidentemente, entre las causas de ciertos casos de supuesta mala práctica médica también constan las condiciones en las que trabajan los médicos ecuatorianos. Por eso, no es que el Código puede ser la última puerta o el dique para este problema, sino que se acompaña con un proceso integral de la atención médica.

A eso se suma, por supuesto, la mejor formación y preparación de los galenos nacionales. Todo esto es un proceso integral que conlleva un conjunto de acciones, medidas y procedimientos, sin descontar  protocolos fundamentales para un mejor servicio y atención a los pacientes.

De ahí que la amenaza de renunciar colectivamente en varios hospitales no es justa ni prudente. Al contrario, señala un pésimo derrotero para solucionar problemas complejos. Sabemos que es una medida de presión y con un alto contenido ético, pero también es cierto que no son solo los médicos los que tienen que decidir sobre políticas públicas.

A eso se añade que el Código no ha entrado en vigencia y tiene todavía un camino que recorrer. Ojalá no exista detrás de esto un movimiento político que siente malos precedentes para una causa, justa o controvertida, pero que tiene que ser asumida como parte de un mejoramiento en el aspecto social.

Si los médicos están dispuestos a asumir sus responsabilidades públicas, también deben mostrar cuánto ha mejorado su servicio a toda clase de pacientes.

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