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El Telégrafo

Se ratifica el respeto a la vida para Julian Assange

16 de abril de 2019 - 00:00

Al calor de la política se pueden decir muchas cosas, incluso mentiras. A pesar de que el Presidente de la República expresó que al dar por terminado el asilo del hacker Julian Assange se garantizaba su vida, por las redes sociales fueron expresadas bastantes barbaridades que, este lunes, fueron desmentidas mediante tres oficios-comunicados de las autoridades británicas que claramente comparten lo dicho por Lenín Moreno de que el pirata informático australiano no será deportado a un país en el que pueda sufrir la pena de muerte. La garantía de vida está respaldada en tres documentos oficiales enviados por Londres al Presidente y a las autoridades nacionales.

A pesar de esto, Ecuador, como Estado, ha tenido que soportar 40 millones de ataques informáticos desde el anuncio la semana pasada del retiro del asilo. Los ministerios de Defensa y el de Telecomunicaciones, por expresas disposiciones del Presidente desde Washington, están trabajando para reforzar los protocolos de seguridad, especialmente en aquellas instituciones que brindan servicios a la ciudadanía, tales como el IESS, la salud pública, el SRI, Banco Central, Celec y CNEL. Algunas entidades como la Cancillería, CNT y algunos municipios y ministerios fueron insistentemente atacados, pero han resistido gracias al eficiente nivel de protección informática.

En uno de los documentos revelados el lunes se señala que el gobierno de Su Majestad confirma que la extradición de una persona desde Reino Unido no puede ser ordenada a un país donde la pena de muerte pueda ser llevada a cabo o donde los deportados puedan ser sometidos a castigo humano degradante. Además, dentro de la Convención Europea sobre Derechos Humanos se encuentra incorporado un considerando que prohíbe la tortura.

Todos estos aspectos fueron explicados por el Presidente de la República y por las autoridades cuando dieron a conocer la decisión de entregar a Julian Assange a la justicia londinense. El Gobierno actuó conforme al derecho internacional y al respeto absoluto a los derechos humanos del hacker. (O)

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