No es una noticia inesperada, sí es algo asombroso que se advertía por la lógica y política ultra neoliberal del gobierno de Mariano Rajoy. Son alrededor de 5 millones de personas, casi todas ciudadanas de otras nacionalidades que permanecen en territorio español sin legalizar su residencia.

No son ilegales, como se los menciona en algunos medios. Simplemente no han regularizado su estadía. Pero no por eso, cuando necesiten atención médica, se los puede dejar a la deriva, eso sí es una violación a los derechos humanos que tanto se reclama en todas partes.

La burbuja inmobiliaria española se produjo y pudo hacer realidad también porque la mano de obra fue de migrantes, de ese conjunto de ciudadanos de África, Asia y América Latina que proporcionó  obreros y técnicos, muchos de los cuales, por ese mismo trabajo, ahora quizá necesiten atención médica, que el Estado español les niega.

La medida, como se ha informado, entrará en vigencia el 1 de septiembre de este año y, por la solidaridad de muchos médicos, se ha comentado también que los galenos ofrecerán atención si se requiere de urgencia. Sin embargo, los propios españoles sentirán el efecto porque, en la práctica, lo que ha hecho Rajoy es reducir el presupuesto estatal para salud y ahora solo quien pueda pagar su atención médica podrá salvarse. Todo eso sin descontar que los seguros de salud se incrementaron a valores que -por ejemplo a las personas de la tercera edad- resultan onerosos.

¿Cómo llegó España a esta situación de injusticia y de insolidaridad absolutas? ¿Es preferible garantizar la salud financiera de los bancos y no la de sus ciudadanos y de quienes ayudaron al florecimiento económico de ese país? ¿Hasta dónde Rajoy justificará su entrada al poder si vendió la idea de sacar de la crisis a su país y resulta que las capas sociales altas siguen disfrutando de bienestar y las otras ya no?