El Decreto Ejecutivo 1438 dispone fijar precios de 46 productos agroalimenticios  a los ministerios de Agricultura y de Industrias y Productividad. Con esta medida se intenta controlar la ola de especulación y encarecimiento de la comercialización de los productos y alimentos. Sospechosamente dos sectores opuestos (con sus respectivos “parlantes” en ciertos medios de prensa) ahora se oponen: los dirigentes de las cámaras de comercio dicen que se vuelve al pasado para imponer control al mercado y voceros de organizaciones sociales y sindicales señalan que la medida solo es para favorecer a los empresarios y sus grandes intereses.

No cabe duda de que este escenario prueba una realidad: cuando se imponen criterios políticos y clientelares, hasta el agua y el aceite se pueden mezclar.
Lo que dice el decreto es que esos serán precios referenciales que “sirvan de base al control de la especulación”. A ello se añade el levantamiento de información de  precios en los mercados mayoristas,  con datos de tres meses  antes de la vigencia del decreto. No se fijan precios para los productos ni se imponen tablas de precios para determinados mercados ni regiones de Ecuador.

La medida, que no entra en vigencia, apunta a acabar con un problema que se ha sentido en los últimos meses: el encarecimiento sin ninguna justificación, que incluso afecta a los productores, pues son los intermediarios los mayores beneficiados con esta ola especulativa.

Claro que el mercado puede ordenarse, pero el bien público no puede ser perjudicado por la ambición económica de unos pocos. De ahí que la medida es prudente y necesaria, pero también requiere  una justa evaluación, para que el mayor beneficiado sea el consumidor. Ante todo es la ciudadanía  la que resulta más afectada, y si los actores políticos quieren ahora hacer de esto la “venganza electoral” primero midan el impacto del costo de la vida, antes que sus ambiciones económicas y políticas.