La Comisión Especializada Ocasional de Comunicación de la Asamblea Nacional debía  reunirse ayer para debatir solo un  punto: las consecuencias de los resultados de la pregunta 3 del referéndum y de la 9 de la consulta popular. La convocatoria tenía que ver con el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación.

Hay que tener en cuenta que con la primera (3) está en juego la prohibición para que los medios privados tengan acciones y participación en las instituciones del sistema financiero, mientras que  la siguiente (9) permitirá la creación de la entidad que regulará la difusión de contenidos en la prensa escrita, canales de televisión y emisoras que difunden mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios.

Sin embargo,  la conformación del Consejo de Regulación y sus atribuciones constituyen un problema para la oposición, que ve mal a un  representante del Jefe de Estado en el ente. Esto se debe a que los propietarios de medios y dirigentes de los partidos de derecha, con representación en la legislatura, se oponen abiertamente a una legislación menos corporativa y más participativa, pues  la transmisión de noticias cargadas de opiniones tendenciosas, la grosería y el descaro de sus  reportajes escritos y televisivos de crónica roja nunca más serán  el segmento “social” de la gente más pobre y vulnerable del país. Este permanente foco de malestar, también conocido como  impunidad, será  eliminado sin condiciones ni retórica tendiente a confundir derechos con deberes y obligaciones.

Ayer se percibía en el recinto legislativo una estrategia orientada a tratar  temas que fueron superados y acordados en debates previos.

La dilación, el debate forzado y  la prolongación de  las deliberaciones, más allá de lo que la paciencia  permite, caerán -tarde o temprano-  en la figura del desacato señalada en la Carta Magna, por desobediencia al mandato popular.

En el reto de conseguir que la comunicación sea de todos  no habrá un paso atrás.