El pasado 16 de mayo, el presidente Lenín Moreno declaró en estado de excepción al Sistema Nacional de Rehabilitación Social, durante 60 días, en un intento por enfrentar la crisis que afecta a los centros de privación de libertad del país.

En los 42 días que han transcurrido desde la emisión del decreto se han visto algunas cosas: demostraciones de fuerza por parte de las bandas que intentan mantener el control de las cárceles y un trabajo coordinado por parte del Estado que busca hacerse presente en estos centros.

A decir de las autoridades, dos bandas se disputarían el control del sistema penitenciario. ¿Qué buscan? Perpetuar su reino de corrupción que les permite seguir dirigiendo actos criminales desde sus celdas, a la par que cobran por droga, servicios sexuales, alcohol, armas, celulares y hasta un espacio para dormir.

El ambiente para que florezcan estas bandas dentro de la cárcel es ideal, el hacinamiento en centros de rehabilitación social es del 40,19%. La capacidad de los centros es de 28.554 personas privadas de libertad y existen actualmente 40.030 (a mayo 2019, según cifras oficiales).

¿Qué ha hecho el Estado para retomar el control? Lo primero, y más evidente, es el haber coordinado una fuerza de tarea que incluye a civiles y militares, con eso se estableció orden en la entrada de familiares, se frenó el ingreso de armas y celulares a los centros, y se retomó el control al exterior de los reclusorios.

Al interior, se intensificaron las tareas de requisa e inteligencia, lo que ha permitido hasta ahora detener 29 actos violentos, entre ajusticiamientos, motines y demás expresiones de poder del crimen organizado que busca mostrarse vivo y lucha por evitar que se le quite el control de estos centros.

Los números son fríos y ajenos al drama humano que se vive en las cárceles de Ecuador, pero sirven para dar una fotografía completa de la realidad que existe en estos centros de rehabilitación social. (O)