*Editorial histórico -10 de agosto de 1979

El día de hoy, coincidiendo con una de las fechas magnas de nuestra Patria, se inicia el gobierno democrático, producto del libre pronunciamiento popular obtenido en las urnas el 29 de abril, mediante el novísimo sistema de las dos vueltas electorales, por primera vez establecido en el Ecuador. Se cierra, pues el largo paréntesis dictatorial y castrense que ha vivido el país desde el 16 de febrero de 1972.

Ya dijimos que son arduas las tareas que aguardan al gobierno que se inicia. El nuevo Mandatario asume el poder bajo el peso de gravísimas responsabilidades emanadas, acaso en su mayor parte, de una herencia nefasta, de corrupción administrativa, de hipertrofia burocrática, de carestía de la vida, que deberá resolver o atenuar en unión de sus colaboradores. Sobre todo, el nivel de corrupción en las esferas de la Administración Pública deberá ser combatido en enérgica e incansable forma, para erradicar usanzas que ya habían tomado carta de naturalización en el medio nacional.

Hay que hacer hincapié en este aspecto depresivo, ya que el país entero solicita –y lo había pedido desde hace mucho tiempo– que sean cortadas las corruptas prácticas que, por desgracia, hemos soportado durante varios años.

Con motivo del escándalo de los fertilizantes hubimos de citar la frase de Chateaubriand: “El castigo vela. Cuando un juez inflexible levanta en su diestra la balanza, el pueblo se ha salvado si el juez no se doblega”. Y, en  todos los casos de acusaciones hechas públicamente, nos vimos impulsados por un imperativo de conciencia, a solicitar la indispensable investigación y las sanciones consiguientes.

Creemos que será necesario reactivar la existencia de la Comisión de Enriquecimiento Ilícito, la misma que podría funcionar otorgándole los funcionamientos legales necesarios y bajo la supervigilancia de algún alto tribunal como la Corte Suprema de Justicia. Fue postulado máximo del gobierno que presidió el ex-general Rodríguez Lara “terminar con la corrupción que ha imperado en casi todos los niveles de la Administración Nacional”, según rezaba textualmente el documento que dio a conocer al país con motivo de su ascensión al poder. Ninguna actividad ha cumplido la indicada Comisión y, en los últimos tiempos, desapareció de la vida pública, sin que jamás se haya hecho intento alguno por revivirla. Y no es que preconicemos retaliaciones de ninguna clase pues la conducción de ese organismo podría ser confiada a jueces de derecho que actúen con equilibrio, serenidad, ponderación y patriotismo, bajo la atenta mirada –ya lo dijimos– de la Corte Suprema de Justicia, nuestro más elevado tribunal. Esa Comisión debe exigir la declaratoria de sus actuales bienes a todos los ex funcionarios que, al asumir un cargo, hicieron la correspondiente enunciación de todo aquello que anteriormente poseían, ya que si así lo establece una disposición legal que nadie ha derogado.

La situación económica del país –con un déficit multimillonario, generador de una mayor inflación, y una astronómica deuda externa– limitará las posibilidades del régimen que se inicia. No cabe, pues que esperemos milagros. Pero sí podemos abrigar la esperanza de que, bajo una gran austeridad, logremos metas de adelanto material y cultural, tan vehemente deseadas por los ecuatorianos.

Y no es superfluo que incitemos al gobierno a reanudar las actividades para la extracción del gas en el golfo de Guayaquil, operaciones que un torpe y disolvente regionalismo, unido a las odiosidades políticas, echó por la borda y luego postergó indefinidamente, sin reparar en el daño que se ocasionaba a la economía nacional. En fin la acción del gobierno que se inicia será difícil pero podrá ser exitosa, si se halla animado del invencible propósito de superar los tremendos obstáculos que, forzosamente, habrá de hallar a su paso.