Los partidos y movimientos que denuncian fraude, sin faltar ni uno, se han sometido a la revisión de firmas. Los que van cumpliendo los requisitos y aceptan las normas legales ahora hacen su trabajo proselitista y organizativo sin mayor escándalo. Todo fue cumplir con la ley y ya. Mientras el registro no les garantizaba el reconocimiento legal hablaron de fraude, partido único y una serie de improperios.

Alrededor de 66 organizaciones (de carácter regional y nacional) han pasado la revisión de firmas y, aparentemente, el proceso y calendario electoral se cumplirán dentro de los plazos fijados por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, las que no pasan o las que definitivamente no alcanzaron a cumplir con los requisitos  insisten -sin mayor fundamento- en el fraude y en la polémica acusación.

No asumen, por suerte en pocos casos, que compraron las firmas a empresas inescrupulosas, pensando que nadie se daría cuenta; que presentarían candidatos, como ya lo hicieron en otras ocasiones. Incluso sus “altos dirigentes” aluden supuestas retaliaciones. Todo porque siguieron actuando como en el pasado: hacer bulla, amenazar, chantajear para luego conseguir lo ilegal e ilegítimo.

Como ya se sabe, la verdad es un indicio cargado de comprobaciones. Y la realidad también significa una constatación fáctica de lo que es probado y no solo posible. No hay peor realidad que aquella que nos revela lo que somos, nuestras virtudes y de qué adolecemos.

Entonces, frente a esa terca y tozuda realidad, las organizaciones políticas, en general, deben asumir su mea culpa: nunca hicieron un trabajo responsable, ordenado, mucho menos político, de recolección de firmas. Algunas, con plata, quisieron reemplazar la militancia y eso cuesta, se paga con creces, que a la larga la ciudadanía sabrá castigar con su voto, dentro de la democracia y bajo las leyes que obligan a todos.