Ecuador demanda respuesta al problema de Venezuela

- 29 de agosto de 2018 - 00:00

Las políticas públicas en materia de protección y promoción de los derechos humanos son cumplidas de acuerdo con los enunciados de nuestra Constitución, que consagra que todas las personas extranjeras en situación de movilidad humana, independientemente de su nacionalidad y condición migratoria, sean respetadas.

En ese sentido, las autoridades nacionales convocaron para el 3 y 4 de septiembre a una reunión regional en la que participarán 13 países sudamericanos y centroamericanos para debatir el tema de los flujos migratorios inusuales, como es el éxodo de venezolanos que, en los últimos meses, aumentó debido a la situación política y económica que vive ese país.

A la cita convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana fueron convocados los representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Se trata de la reunión más importante que se efectuará desde que comenzó a manifestarse la crisis en Venezuela.

El encuentro tiene el apoyo de la Organización Internacional de Migraciones y de la oficina internacional más importante del mundo en materia de refugiados, Acnur.

Durante la diáspora venezolana, Ecuador ha reafirmado su vocación solidaria mediante la creación de un corredor humanitario que evitó las fatigosas caminatas de venezolanos por nuestras carreteras. La asistencia comenzó en el Puente Internacional Rumichaca, en la frontera con Colombia, en San Miguel, provincia de Sucumbíos, hasta Huaquillas.

Más allá del número de los 28 autobuses contratados y de los 1.117 pasajeros que recorrieron alrededor de 800 km, se evidenció la solidaridad de los ecuatorianos que, sin un plan establecido, ayudaron con ropa y alimentos a los venezolanos. Durante los viajes humanitarios se atendieron problemas de salud y se dio prioridad a personas de la tercera edad y a los niños. Lo que piden las autoridades nacionales es la colaboración de los migrantes para que su estadía o paso por el país quede registrado legalmente. (O)