Ya no hay por dónde agarrar más pretextos para no acatar una obligación legal: o se inicia el proceso para designar rector o este caso servirá para un propósito político de alguien que aspira a la Presidencia de la República. Se sabe con absoluta convicción quién mueve los hilos de este tema. Y también quiénes lo usan para, supuestamente, defender una autonomía que nadie ha vulnerado.

Ahí está el asunto: ¿quieren autonomía total para sostener un modelo donde una sola persona controlaba (¿controla hasta ahora?) todo, desde el nombramiento de las secretarias hasta qué tesis se aceptan? La Universidad Andina Simón Bolívar tiene una normativa clara y debe ser acatada sin dilación. Lo supo bien quien asumió como rector sin tener legítima potestad, y ahora lo sabe quien se aferra a ser encargado cuando se le acabó el plazo y no hizo nada para iniciar el proceso de designación de la nueva autoridad.

Claro que todo esto conviene a un sector y a un actor político concretos. De eso ha sacado provecho. Como no tienen otras armas de disputa, usan esta, para victimizarse y encontrar justificaciones políticas. (O)