Para la mañana de hoy está prevista la reinstalación de la audiencia de apelación del denominado caso Sobornos. En el proceso se juzga a exfuncionarios del régimen anterior, incluyendo al expresidente Rafael Correa, y a empresarios. Se los acusa de integrar un sistema en el que estos últimos entregaban dinero al pasado gobierno a cambio de la asignación de contratos para obras estatales.

El juicio se encuentra en la etapa de definición de su penúltima fase. Con la apelación, los procuradores judiciales de 20 acusados intentan dejar sin efecto la sentencia de primera instancia establecida contra sus defendidos. El pasado 7 de abril, un Tribunal Penal encontró culpables de cohecho agravado, en calidad de autores mediatos, al expresidente Rafael C. y al exvicepresidente Jorge G., por lo que fueron sentenciados a ocho años de cárcel y a la pérdida de sus derechos políticos por 25 años. La misma pena, pero como coautores,  emitieron contra seis exfuncionarios públicos: al exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis M., a los exministros Vinicio A., María de los Ángeles D., y Walter S. Además, a la asambleísta de la Revolución Ciudadana Viviana B. y al exlegislador de Alianza PAIS, Christian V. De igual manera, pero como autores directos fueron condenados a ocho años de prisión 10 empresarios: Alberto H.; Edgar S.; Víctor F.; Ramiro G.; William Ph. C.; Rafael Leonardo C.; Teodoro C.; Pedro V.; Mateo Ch. y Bolívar S.

Si el tribunal de apelación desecha las demandas interpuestas contra las condenas, a los involucrados en el caso les quedará un último recurso jurídico, que es la casación. En esta fase, los abogados deberán probar que los jueces de primera instancia aplicaron de manera indebida la ley al juzgar a los acusados, condenarlos y sentenciarlos a las penas descritas. La normativa establece tiempos para la presentación del recurso, pero no determina cuánto demora su procesamiento. Sin embargo de ello, todo parece indicar que se acerca el final de un proceso judicial que muestra una de las aristas de las irregularidades cometidas durante el régimen anterior. (O)