Ya vamos a cumplir casi 40 años desde que murió. Salvador Allende fue víctima de quienes, como ahora, solo creen en la democracia cuando son ellos los que la administran. Ganó las elecciones y desde esa legitimidad propuso cambios de orden revolucionario para construir el socialismo. Para llegar a la presidencia de Chile no violó ninguna ley, y menos irrumpió en la escena desde una guerrilla o golpe de Estado.

En cuatro ocasiones había participado como candidato y jamás los militares se opusieron a su presencia, pero cuando ganó en 1970 todas las alertas se hicieron sentir desde el primer día. De hecho, en Washington, Richard Nixon ordenó evitar que Allende asumiera la presidencia. Últimas revelaciones cuentan que la CIA organizó dos planes para detener la elección de Allende en el Congreso, los que luego serían conocidos como el “Track One” y el “Track Two”.

Y lo que hizo Salvador Allende al asumir el cargo irritó a todas las fuerzas políticas y económicas que se consideraban dueñas y propietarias de la gestión del Gobierno. Las medidas fueron: estatización de las áreas clave de la economía, nacionalización de la minería del cobre, aceleración de la reforma agraria, congelamiento de los precios de las mercancías, aumento de los salarios de todos los trabajadores y la modificación  de la Constitución.

¿Y la respuesta?: boicot total, la conspiración permanente, la oposición de sectores de derecha y de izquierda que quisieron imponer su agenda política, hasta llegar al golpe de Estado, donde los militares, liderados por Augusto Pinochet, no tuvieron compasión con nadie.

A casi 40 años de esa triste página de la historia de América Latina, el ejemplo de Allende sigue vigente, no solamente para corroborar mucha de su visión histórica, sino para advertir que, en una sociedad democrática, hay personajes que solo piensan en sus intereses y que, cuando son afectados, no dudan en recurrir a cualquier medida para recuperarlos.