En la noche del 5 de marzo de 1987, la zona nororiental de Ecuador fue azotada por una serie de sismos cuya magnitud osciló entre 6,1 y 6,9 grados en la escala de Richter.

Si bien el epicentro estuvo en las cercanías del volcán Reventador, los movimientos telúricos afectaron a las zonas urbanas y rurales de las provincias de Pichincha, Imbabura y Carchi. Por ese entonces, se reportó que 1.000 personas murieron y otras 5.000 fueron evacuadas hacia refugios temporales e improvisados.

Además de los daños inmediatos provocados por los movimientos telúricos, los sismos desencadenaron grandes avalanchas que bajaron por las pendientes montañosas y que se desplazaron hasta una distancia de 100 kilómetros del epicentro. A su paso, los deslizamientos de lodo, piedras y árboles destrozaron caminos y puentes, dejando a la región amazónica incomunicada. Tampoco la infraestructura petrolera logró escapar de sus efectos: más de 40 kilómetros de longitud del oleoducto transecuatoriano fueron destruidos. Pero eso no fue todo. Además de bloquear los cauces de los ríos existentes en la provincia de Napo, las avalanchas de escombros afectaron a las tierras y propiedades dedicadas a actividades productivas.

El proceso sísmico de 1987 ocurrió cuando la economía ecuatoriana atravesaba por una desaceleración. Un año antes, en 1986, la caída de los precios internacionales del petróleo incrementó el déficit en la balanza comercial y el déficit fiscal. Ante el deterioro de la situación de la balanza de pagos, un par de meses antes de los sismos, el Gobierno Nacional suspendió temporalmente el pago de la deuda externa con la banca privada.

La evaluación de los impactos arrojó resultados sin precedentes

En ese contexto, para poder viabilizar la recepción de cooperación internacional, el Gobierno Ecuatoriano le solicitó a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elaborar un informe que permitiese estimar los daños directos y evaluar los efectos sobre el desarrollo económico.

En el informe, publicado en abril de 1987, se estableció que Ecuador había sufrido una afectación por $1.001 millones por daños directos e indirectos, cifra  que equivalía al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes.

A su vez, se detectó que la afectación llegó a los $ 900 millones en el sector productivo, principalmente debido a los daños y pérdidas experimentados en las actividades petroleras y agropecuarias; cual efecto agregado de lo anterior, el PIB ecuatoriano decreció 6% en 1987.

Los mayores daños ocurrieron en la producción y exportación

Los perjuicios al sector agrícola y ganadero estuvieron asociados a las avalanchas que erosionaron y sedimentaron 400 hectáreas de cultivo y 2.500 hectáreas de pastizales; así como a aluviones que arrastraron 3.000 cabezas de ganado.

También se estropearon los sistemas de regadío públicos y privados que cubrían una superficie de 15.700 hectáreas. En consecuencia se perdieron las cosechas estacionales y plantaciones de café, palma africana, maíz, frejol y naranjilla.

Por otra parte, durante 5 meses se paralizó la exportación de crudo. Esto sucedió porque quedó inhabilitado el oleoducto transecuatoriano que era utilizado para conducir petróleo desde la Amazonía hacia los centros de refinación y exportación ubicados en la costa del Pacífico.

A $ 120 millones llegó el costo directo ocasionado por el derrame de los 100.000 barriles de petróleo y por la construcción de ductos y obras conexas.

Los daños en la infraestructura de transporte comprometieron la capacidad exportadora y generadora de divisas del país. La carretera que une Baeza con Lago Agrio se cortó en un tramo de 45 kilómetros y los puentes destruidos sumaron una longitud de 600 metros lineales. La primera estimación del costo de reparación de los 614 kilómetros de la red vial fue de $ 6,1 millones.

Las secuelas del sismo alteraron las rutinas sociales

La infraestructura social resultó gravemente perjudicada, alcanzando pérdidas por $ 30,17 millones.  En las zonas afectadas, 3.000 viviendas quedaron destruidas, otras 12.500 necesitaron reparaciones y 23 hospitales y centros de salud sufrieron daños considerables. Los sistemas de agua potable y saneamiento se destruyeron en pequeños asentamientos urbanos y rurales mientras que en Quito e Ibarra los daños fueron menores.

En 1987, para no interrumpir el año escolar, se hicieron hasta tres turnos de clase en los establecimientos que no sufrieron daños. La reparación de escuelas requirió $7,6 millones. (I)

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Se generan impactos indirectos

Rehabilitar y reconstruir implica coordinar acciones públicas y privadas

Según los protocolos para la evaluación de impactos socioeconómicos de la Cepal, los desastres no solo producen efectos inmediatamente perceptibles sino que también tienen consecuencias de lento desarrollo que suelen manifestarse tiempo después de la ocurrencia del evento.

Entre estas consecuencias, por ejemplo, se encuentran la destrucción de cultivos por el aparecimiento de plagas, el desabastecimiento o encarecimiento de productos de consumo básico e, incluso, la transformación de las relaciones económicas y sociales.

En razón de lo anterior, para poder organizar las acciones públicas y privadas después de la ocurrencia de un desastre natural, la Cepal recomienda distinguir entre daños, pérdidas y consecuencias macroeconómicas.

Por ‘daños’ o efectos directos se entiende a las afectaciones relacionadas con el acervo disponible de activos, bienes inmuebles, bienes finales y materias primas. En esta categoría se contabiliza la destrucción total o parcial de infraestructura física, edificios, residencias, instalaciones, maquinaria, equipos, medios de transporte y almacenaje, tierras de cultivo, obras de riego o embalses.

Por otra parte, las ‘pérdidas’ refieren a daños indirectos a los bienes que se dejan de producir y a los servicios que se dejan de prestar durante un lapso que comienza después del desastre y que puede prolongarse durante la fase de rehabilitación y reconstrucción. Dependiendo del evento natural, esa fase puede prolongarse por varios años mientras una sociedad logra recuperar sus capacidades organizativas, económicas y financieras.

A su vez, los desastres generan otros impactos indirectos difíciles de identificar y cuantificar monetariamente. Se trata de los ‘efectos intangibles’ relacionados con el sufrimiento humano, la inseguridad, la gobernabilidad u otros factores que influyen en el bienestar y la calidad de vida de una población.

Por último, las ‘consecuencias macroeconómicas’ refieren a la incidencia que el desastre podría tener sobre el comportamiento de las principales variables económicas si las autoridades nacionales no emprendiesen las acciones correctivas necesarias.

Entre aquellas se encuentran la tasa de crecimiento del PIB, los resultados de la balanza comercial, el acervo de la deuda pública y privada, la sostenibilidad de las finanzas públicas o los niveles de inversión bruta. (I)