El primer Mandatario, Lenín Moreno, priorizó la preservación del empleo y la protección a los empleados en su objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. El objetivo del Presidente busca mitigar las consecuencias económicas causadas por la emergencia sanitaria, declarada por el brote mundial de covid-19.

El Mandatario en su veto parcial al proyecto de Ley, entre los artículos 16 al 20, propuso modificar la interpretación de la ‘fuerza mayor’ para asegurar que no existan abusos, en el caso de despido de empleados durante la crisis. Al mismo tiempo que se busca preservar las fuentes de trabajo y que no se cierren los negocios.

También, Moreno determinó que los acuerdos a los que lleguen empleadores y empleados para reducir la remuneración, en ningún caso se podrán concretar por debajo del salario básico unificado. Adicionalmente, se establece que este tipo de acuerdos deberán constar por escrito y especificar que se acogen a la presente ley.

En otro punto, se estableció que el acuerdo de la jornada por hora pasa de dos años a un año, prorrogable por un año adicional.

Además, se indica que los empleadores podrán acordar la reducción de la jornada hasta un máximo del 50 % y el pago corresponderá, en proporción, a las horas efectivamente trabajadas y no será menor al 55 % de la fijada previo a la reducción. Esta modalidad podrá efectuarse durante un año, con la posibilidad de renovarse por el mismo periodo, una sola vez. En el texto aprobado por la Asamblea esta norma establecía que el periodo podía ser de dos años, renovables por otros dos.

Sobre el trabajo emergente, el Mandatario propuso que podrá tener una duración de un año, y que contemplará como mínimo 20 horas semanales y hasta 40 horas semanales, distribuidas en un máximo de seis días a la semana, sin sobrepasar las ocho horas diarias y tener 24 consecutivas de descanso. Se determina también que, en caso de que se requiera renovar esta contratación, pasará a ser definitiva.

En cuanto al teletrabajo para el sector público y privado, se especifica que podrá tener tres formas: permanente, parcial y ocasional.

En este punto, se busca garantizar que quienes se acojan al teletrabajo tengan derecho a la desconexión, la cual deberá ser de, al menos, 12 horas consecutivas en un periodo de 24 horas.

El Legislativo tiene 30 días para analizar la propuesta del Ejecutivo. La norma deberá regresar a la Comisión de Desarrollo Económico, la cual es dirigida por el legislador de Alianza PAIS (AP), Esteban Albornoz.

La mesa legislativa tendrá 30 días para analizar el veto parcial enviado por el Presidente.

Medios Públicos (I)