Los representantes de Arca Ecuador, Cervecería Nacional, El Rosado, Mega Santa María, Tiendas Industriales TIA y La Favorita acudieron ayer a una audiencia privada, convocada por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM). En el encuentro explicaron sobre el supuesto desabastecimiento en los supermercados de las bebidas Coca-Cola, Fanta y Sprite y de las cervezas Pilsener y Club.

La irregularidad se detectó durante las últimas 4 semanas  en las cadenas La Favorita y El Rosado a través de los reportes de los comités de usuarios autorizados y las denuncias ciudadanas en la cuenta oficial de Twiter de la Superintendencia. Posteriormente, la información fue constatada mediante inspecciones oficiales.

Juan Carlos Freire, representante de Arca Ecuador, indicó que esta situación no está relacionada con el sector productivo. “No existe ningún problema de producción; nuestras gaseosas están disponibles en 160 mil tiendas a nivel nacional”.  

Por su parte, Marcelo Ottati, gerente administrativo de El Rosado, expresó que la información  concerniente a su empresa será remitida a la Superintendencia para que esta la procese y la haga pública.

Al concluir la audiencia, Eduardo Esparza, intendente de Investigación de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas, señaló que aunque escucharon las explicaciones de los operadores económicos, no llegaron a conclusiones. “Lo que sabemos es que existe un proceso de negociación entre cada uno de los supermercados y los proveedores que no llegan a su fin, por lo cual hay información confidencial que no pueden decir en presencia de sus competidores”. Por esta razón se acordó mantener reuniones individuales con los operadores para que puedan informar sobre los precios y condiciones que se exijan.

Hasta el momento los funcionarios de la SCPM efectúan un barrido de información para determinar si se requiere iniciar una investigación formal. La ley establece tres tipos de conductas anticompetitivas: abuso de poder de mercado; abuso de poder de mercado en situación de dependencia económica; y acuerdos y prácticas restrictivas.

De probarse que los supermercados incurrieron en alguna de estas conductas, la sanción oscilaría entre el 8% y 12% de las ventas totales del año fiscal anterior. (I)