Fondos de solidaridad no se usaron solo en la reconstrucción

- 30 de marzo de 2018 - 00:00
El 16 de abril de 2016 ocurrió un sismo de magnitud 7.8. Manabí y Esmeraldas fueron las provincias más afectadas.
Foto: Archivo / El Telégrafo

La Contraloría auditó el manejo de los recursos recaudados entre septiembre de 2016 y julio de 2017. La Conafips usó $ 75 millones del terremoto para adquirir Certificados de Tesorería.

Por recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips) adquirió Certificados de Tesorería (Cetes) con parte de los recursos que debía repartir en créditos productivos para las zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016.

Ayer se dio lectura al borrador del examen especial que la Contraloría General del Estado (CGE) realizó al manejo de los fondos de la Ley de Solidaridad entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de julio de 2017.

A la fecha de corte de la evaluación la Conafips transfirió $ 25 millones en créditos e invirtió otros $ 75 millones en Cetes del Ministerio de Finanzas.

Según Contraloría la operación “inobservó” la Ley de Solidaridad, aprobada en mayo de 2016 con el fin de obtener dinero para ser destinado exclusivamente en los trabajos de reconstrucción.

Los recursos fueron utilizados en fines diferentes a los determinados en la norma.

Los Cetes son títulos emitidos por el Gobierno central mediante el Ministerio de Finanzas para obtener recursos que financien deficiencias temporales de caja y/o optimizar la liquidez de la economía, conforme al artículo 180 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

La Conafips justificó la transacción con el argumento que al invertir en esos papeles los intereses incrementarían el capital para la reconstrucción.

El borrador del examen especial apunta a que Finanzas también tomó recursos de la Ley de Solidaridad para cubrir rubros pendientes por devolución del impuesto al valor agregado (IVA) con las provincias de Esmeraldas y Manabí.  

Otros hallazgos con presuntas irregularidades mencionan a la empresa pública Ecuador Estratégico, Secretaría de Gestión de Riesgos, Sistema Integrado de Seguridad ECU-911, Secretaría del Agua, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y al GAD de Manta. (I)

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