Presunto peculado lleva 7 años de investigación

- 18 de octubre de 2018 - 00:00
El artículo 3 del Decreto Ejecutivo 952 dispuso que “el Banco Nacional de Fomento cerrará y se liquidará voluntariamente por razones de interés público”.
Foto: Miguel Jiménez / El Telégrafo

Con base en 17 elementos de convicción, en 2011 se inició la instrucción fiscal contra un exministro y exvocales del BNF por la importación de harina y urea.

Un total de 17 elementos de convicción encontró la Fiscalía General del Estado (FGE)  en el presunto delito de peculado por las importaciones de fertilizantes y harina, así como por las compras y comercialización de arroz y maíz por el ex Banco Nacional de Fomento (BNF), en 2008.

Pero, pese a los indicios penales hallados por FGE en 2011 y a la presunta afectación al Estado, el caso sigue en etapa de instrucción fiscal y los 6 exfuncionarios implicados aún no son procesados.

En la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) reposa el proceso No. 082-2011, por el presunto delito de peculado en contra de Walter Poveda Ricaurte, exministro de Agricultura y exmiembro del Directorio del BNF; Galo Naula Zambrano, expresidente del Directorio; Marina Cumandá Centanaro Rodríguez, exgerente, y los exvocales del Directorio Rodrigo Mena Ramos, Jorge Fernando Olmedo y Jaime Rojas Rojas.

Sobre la irregular importación, compra y venta de esos productos existe el informe del examen especial de Contraloría DAl-0065-2009, al período del 1 de marzo de 2007 al 31 de julio de 2008.

Contraloría analizó el proceso de adjudicación del contrato para adquirir 39.000 toneladas métricas de harina de trigo, a $528,22 la tonelada, por $ 20’600.588, a la empresa Cargill Sociedad Anónima Comercial e Industrial de Argentina, suscrito el 1 de abril de 2008.

Como lo informó EL TELÉGRAFO el lunes pasado, el caso cobró vigencia luego de que Elio Peña, asambleísta de Zamora e integrante de la Comisión de Justicia, presentó una solicitud a la FGE: pide conocer si hubo o no impulso a la acción penal por el supuesto perjuicio millonario al Estado. Incluso, pidió indagar la presunta inacción del exfiscal Galo Chiriboga.

En el pedido, Peña dice que el 25 de enero de 2011 la FGE, por solicitud del entonces fiscal general (s) Alfredo Alvear, pidió a la CNJ llamar a audiencia de formulación de cargos, sustentándose en el informe de Contraloría.

Los Medios Públicos, basados en documentos a los que tuvieron acceso, confirmaron que tal audiencia fue el 25 de noviembre de 2011 en la Primera Sala Penal de la CNJ.

La resolución de la FGE señala: “Al existir elementos de convicción suficientes para presumir la existencia del delito de peculado previsto y reprimido en el artículo 257 del Código Penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal, en esta fecha resuelvo dar inicio a la etapa de instrucción fiscal”.

Allí constan 17 elementos que justifican y sustentan la imputación penal contra el exministro Poveda y otros implicados. El 25 de noviembre se cumplirán 7 años del inicio de la instrucción fiscal.

Chiriboga cree que este proceso por peculado “debería continuar”, tomando en cuenta que FGE formuló cargos, lo cual es “fundamental”.

Los principales elementos

La FGE sustentó el pedido del inicio de instrucción fiscal, entre otros documentos, con copia certificada del informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. También presentó la resolución que demostraría que el procedimiento fue “impropio, toda vez que el BNF al ser institución pública, debió sujetarse a  las disposiciones de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y, por lo tanto, debió someterse a esa normativa y al reglamento”.

Otro elemento resalta que “no se cumplieron las condiciones y procedimientos, pues no se contó previamente con las especificaciones mínimas de la harina, detectando que las gestiones de compra con la empresa Cargill se realizaron antes de que el Directorio resuelva el procedimiento a seguirse y declare la emergencia, sin un análisis de precios que permita comparar con el nacional, como se evidencia en la comunicación de 28 de enero de 2008, suscrita por la gerente general (e), Marina Cumandá Centanaro”.

Sobre la base de la Resolución del Directorio D-2008-0027, de 31 de enero de 2008, en la que se resolvió calificar como emergencia la contratación directa con Cargill, sin intervención de Asesoría Jurídica, se preparó el proyecto de contrato; se incumplieron 10 observaciones emitidas por Contraloría al proyecto de contrato; y se detectó que el contrato debidamente registrado se lo realizó con posterioridad a su ejecución: el producto objeto del contrato llegó el 28 de enero de 2008, es decir 33 días antes de la firma del mismo. (I)

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Exgerente del BNF dice que Correa ordenó la adquisición

Por presunto delito de peculado deben responder el exministro de Agricultura, Walter Poveda; el extitular del Directorio del BNF (ente público que está en proceso de liquidación), Galo Naula Zambrano; la exgerente general (e), Marina Cumandá Centanaro Rodríguez; y los exvocales Jaime Rojas, Rodrigo Mena Ramos y Jorge Fernando Olmedo.

Según consta en la resolución de la audiencia de formulación de cargos de la Fiscalía (del 25 de noviembre de 2011), Centanaro declaró que en su calidad gerente y en atención al Decreto Ejecutivo No. 867 dictado por el presidente, Rafael Correa, en el que disponía al BNF comprar harina para cubrir la demanda, solicitó al Directorio consultar por escrito a todos sus integrantes, quienes se pronunciaron favorablemente y resolvieron recomendarle a ella la declaratoria de emergencia para realizar la adquisición.

Poveda adujo que la única información que tuvo con relación a la negociación para la compra de 39.000 toneladas de harina fue la carpeta facilitada por la Secretaría del BNF a los miembros del Directorio.

Dijo que conoció que el Directorio efectuó solicitudes y procesos con la Contraloría para cumplir con la Ley y que jamás existió faltante en perjuicio del Estado, más bien un ahorro de $ 8’000.000. (I)

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