Fiscalía investiga desde el 10 de abril el manejo de la deuda

- 18 de abril de 2018 - 20:30
La Contraloría entregó su informe de indicios de responsabilidad penal el pasado 9 de abril.
Foto: Archivo / El Telégrafo

Entre las primeras acciones, se solicitó información a las entidades respectivas y los próximos días comenzará con la toma de versiones a los funcionarios señalados.

La Fiscalía notificó el inicio de una indagación previa por el manejo de la deuda externa en el Gobierno anterior.

La decisión se tomó luego del informe de la Contraloría, que determinó indicios de responsabilidad penal del expresidente Rafael Correa y otros 10 exfuncionarios, incluidos los exministros de Finanzas, Patricio Rivera y Fausto Herrera.

Según la Contraloría, se presumen irregularidades en el uso de la deuda pública por parte del expresidente, 3 exministros de Finanzas y 7 funcionarios públicos.

La entidad alega que presuntamente se incumplieron los requisitos previstos para la contratación del endeudamiento, además de que no se registraron como deuda las operaciones de preventa de petróleo.

Por estos motivos, la fiscal a cargo del caso, Jimena Mena, solicitó la entrega de información a las entidades respectivas y en los próximos días empezará con la toma de las versiones.

El pasado 9 de abril el contralor subrogante, Pablo Celi, presentó los resultados de la veeduría que conformó para que analice el tema. Esta examinó durante 8 meses la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública, interna y externa (entre 1 de enero de 2012 y 24 de mayo de 2017).

Las conclusiones de la auditoría apuntan a que Correa disminuyó el nivel de endeudamiento, cuando se aproximaba al límite permitido (40% del PIB), valiéndose del decreto ejecutivo 1218 que todavía está vigente.

El informe señala que la totalidad de la deuda interna y externa a enero de 2018 era de $ 49.602 millones, sin contar la preventa de crudo y otras obligaciones, lo cual rebasó el límite legal de endeudamiento.

Sin embargo, agrega el informe, el exmandatario emitió el decreto para hacer otro cálculo y que los rubros se mantengan dentro del rango permitido.

La asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Cristina Reyes (denunciante), fue la primera en pronunciarse. Manifestó que el contundente análisis de Contraloría requería que la Fiscalía iniciara una indagación previa por peculado. “Este martes 18 de abril, fui notificada que el 9 de abril la Fiscalía abrió la investigación por el informe de la deuda externa”.

Comentó que lo único que espera es que haya rapidez y seriedad. “El país no quiere que se garantice la corrupción y la impunidad, aquellos que hicieron mal uso de los recursos públicos deben ser castigados; en este caso, por el delito de peculado, que prevé una pena de 10 a 13 años”.

Reyes dijo que también espera que avance el proceso, de manera que la Fiscalía dicte las medidas cautelares en contra de las personas que manejaron el tema de la deuda, “irresponsablemente y han hipotecado el futuro de los ecuatorianos”.

La asambleísta, el mismo día de la difusión del contenido del informe de la Contraloría, acudió a la Fiscalía, donde interpuso una denuncia particular.

El expresidente Rafael Correa, desde que se conoció el informe de la Contraloría, se ha pronunciado a través de las redes sociales.

El martes escribió en su cuenta de Twitter: “Me persiguen por haber hecho un decreto -es decir, por gobernar-, para ‘permitir’ que la deuda sobrepase el límite legal del 40% del PIB. Incluso si fuera cierto, eso no tiene nada de penal. Además, es falso. Ecuador no vive un Estado de derecho”.

El catedrático Pablo Dávalos, quien formó parte del equipo de 11 personas que hicieron el análisis de la deuda externa, indicó que ahora la Fiscalía deberá determinar los delitos cometidos en el período anterior.

Dijo que no puede indicar qué tipo de delito se pudo cometer, ya que esa facultad es exclusiva de la Fiscalía. Señaló que en el informe se demuestran irregularidades, como la emisión del Decreto 1218, sin que se cumplan los marcos jurídicos para cambiar la contabilidad de la deuda”. Agregó que eso acarreó que no se reconozca la deuda con el IESS. (I)

Procedimiento
Entidades examinadas
La Contraloría analizó la actuación del Ministerio de Economía, Banco Central, Senplades y entidades relacionadas con la contratación y uso de los recursos públicos.

Indagación previa
En esta fase, que dura máximo 2 años, el Fiscal reúne todos los elementos de convicción para determinar si existe el cometimiento de un delito.

Instrucción fiscal
Luego comienza una audiencia de formulación si hay elementos para deducir la imputación. Dura hasta 90 días.

Preparatoria de Juicio
En esta fase se resuelve la procesabilidad y el llamado a juicio a los implicados. El Fiscal determina los hechos, el delito cometido y  el grado de participación. (I)

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