Ayer se desarrolló el primer debate

El impuesto zombie es analizado en la Asamblea

- 21 de octubre de 2015 - 00:00
El proyecto de ley APP permitió que en el Pleno se generalice el criterio de que esta normativa es buena para el país. Foto: Miguel Jiménez / El Telégrafo

Ayer se desarrolló el primer debate

Los asambleístas del bloque Alianza PAIS coinciden en que se debería revisar la pertinencia del denominado ‘impuesto zombie’ del dos por mil para financiar la construcción del Hospital de la Universidad de Guayaquil, dentro del proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, cuyo primer debate se desarrolló ayer en el pleno.

El tributo que se creó con Ley 70-06 estaba dirigido al capital de las empresas de Guayaquil, dedicadas a actividades comerciales, bancarias e industriales, pero fue derogada en septiembre de 2014 al entrar en vigencia el Código Orgánico, Monetario y Financiero.

Del lado de Alianza País se aclaró que no se trata de una iniciativa de última hora, sino de una oportunidad para fortalecer este tipo de asociaciones, que ya se las ha venido realizando desde algunos años.

Lídice Larrea, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, que trata el proyecto de ley, aclaró que la normativa es “perfectible”, por tanto se pueden realizar los correctivos necesarios mientras duren los debates.
Respecto al pedido del sector empresarial de tener participación  en los grandes proyectos del Estado, la legisladora precisó que la normativa que se trata no tiene que ver con el tema.

“Los sectores estratégicos tienen sus normativas, por las cuales tienen que ser normadas y reguladas. Y por excepcionalidad del presidente (Rafael Correa) podrá delegar alguna asociación”, puntualizó, al tiempo de mencionar la posibilidad de abrir un espacio en temas como la construcción.

Tanto asambleístas de la oposición como varios miembros del sector empresarial privado exigen la inclusión de un representante de los empresarios en el Consejo Consultivo de Desarrollo Productivo que define lineamientos para elaborar políticas sobre inversiones y comercio exterior.

Por su parte, el legislador Juan Carlos Cassinelli recordó que el consejo tiene facultades reguladoras, como consta en la Constitución, por lo que no puede estar integrado por un representante del sector privado, ya que asumiría el papel de juez y parte. (I)