Francia promulgó una ley para sancionar las prácticas de crear equipos con una determinada vida Útil

Defensoría del Pueblo recibió 514 quejas por la calidad de electrodomésticos en un año

- 16 de diciembre de 2014 - 00:00
El titular de Asadelec estima que las quejas sobre productos electrónicos defectuosos se origina cuando el almacén no ofrece la garantía respectiva. Foto: Archivo / El Telégrafo

Francia promulgó una ley para sancionar las prácticas de crear equipos con una determinada vida Útil

Los electrodomésticos de 2 generaciones han pasado por El Topecito, taller ubicado en el centro de Guayaquil desde 1974.   

Anníbal Mazzini tiene 20 años reparando estos equipos y es quien recibe un promedio de 20 artefactos diarios para su arreglo. Con conocimiento de causa, afirma que los electrodomésticos actuales ya no son como los de antes. “Parece que las fábricas están probando con nuevos materiales”, dice.

Al menos es la explicación que le encuentra al hecho de que antes los motores “venían con alambres de cobre y que los bocines fueran de aluminio y ahora de plástico”. Reconoce que también había partes de plástico, “pero eran de mejor calidad”.

Mazzini se refiere particularmente a una extractora de jugos, pero asegura que ocurre lo mismo con licuadoras, batidoras, cocinas, lavadoras, secadoras, refrigeradoras y demás artefactos de uso diario.

Bolívar Poveda, quien repara electrodomésticos a domicilio, se queja de que los equipos digitales son los más propensos a averías, además de que las piezas electrónicas complican la reparación. “A veces no se encuentran en el mercado y hay que solicitar al fabricante que los mande”, comenta.

En casos extremos, Poveda sugiere a sus clientes transformar el funcionamiento del artefacto de digital a manual, pues 2 paneles de un refrigerador pueden costarle a su dueño hasta $ 120 y a eso habrá que sumarle la mano de obra.

Comprobar técnicamente que los electrodomésticos actuales salen de fábrica con una durabilidad menor es una tarea difícil. A pesar de ello existe la percepción de que las neveras de las abuelas siguen enfriando hasta ahora en cualquier lugar del mundo.

En Francia, por ejemplo, se ha tomado en serio el asunto. La Ley de Transición Energética permite sanciones de hasta 300.000 euros y penas de cárcel hasta por 2 años a los fabricantes que “programen” sus productos para tener un tiempo de vida específico y empujen a los consumidores a adquirir equipos nuevos cada cierto tiempo.

La normativa acaba de ser promulgada y podría ser aplicada en otros países de la Unión Europea (UE). Thomas Cantens, un ciudadano francés que visitó hace poco Ecuador, dijo que una normativa así debió ponerse en vigencia hace mucho tiempo.

En ese país el término aplicado es el de obsolescencia programada y se refiere a la introducción deliberada de un defecto, una parada programada, una limitación técnica e incompatibilidad, u obstáculos para su reparación, citó el diario español El País, el mes pasado.

Tecnología y calidad

El desarrollo tecnológico es una de las razones detrás de la transformación generacional de los artefactos, el uso de materiales más livianos y frágiles, así como la necesidad de renovar cada determinado tiempo.

Andrés Mata, presidente de la Asociación de Almacenes de Electrodomésticos (Asadelec), asegura que un fabricante “no desea” que el cliente busque ayuda en el servicio técnico.

El tema tendría entonces diferentes aristas, y no necesariamente relacionadas con el abuso por vender más.  
A su criterio, antes se conservaba un televisor por 20 años porque la tecnología no avanzaba a la velocidad actual. O en el caso de una refrigeradora, esta podía funcionar por 30 años, pero presentaba un mayor consumo de energía.

El técnico Bolívar Poveda opina de modo similar. Debido a su experiencia está consciente de que los descomunales y durables motores de antaño han ido reemplazándose por otras innovaciones como la tecnología Inverter, conocida porque regula el voltaje y ayuda a consumir menos. “Claro que estos equipos pueden ser más delicados”, aseguró.

De hecho afirma que los cambios de voltaje constituyen la razón principal por la cual electrodomésticos, como acondicionadores de aire, se averían en corto tiempo.

Lo cierto es que con o sin ‘obsolescencia programada’, 514 quejas de consumidores descontentos con sus artefactos eléctricos reporta la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) en un año.

Varias más llegan hasta la Dirección de Defensa al Consumidor del Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro).

Mata establece un antes y un después en el país en materia de calidad, y asegura que el proceso que  implementó este año el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), con la emisión de normas y reglamentos técnicos, impide que se importen y fabriquen artículos sin control.

Para Mata dichas normas ya generan una garantía de calidad, lo que lleva implícito su tiempo de vida útil.  

El titular de Asadelec cree que las quejas de los usuarios podrían estar más relacionadas a aquellos  almacenes que no ofrecen la garantía ni la información obligatoria.

El artículo 17 de la Ley de Defensa del Consumidor establece que los comercios deben dar información clara, veraz y oportuna a los compradores antes de la transacción, de lo contrario no se genera una conformidad, menciona Patricio Avilés, director de Defensa al Consumidor del Mipro. “Si yo estoy vendiendo una refrigeradora tengo que indicar qué características técnicas tiene y dentro de ello cuánto va a durar”, apunta.

Aunque existan normas y reglamentos, los equipos llegan cumpliéndolos bajo un rango de 50 a 100, habrá artefactos con mayor o menor durabilidad. Y esto lo debe saber el comprador.

Giovanni Larrosa, experto en reparación de licuadoras, cree que uno de los problemas es que muchas personas únicamente miran el precio y hay artefactos que pueden venderse hasta por $19, pero que “en 6 meses se queman”.

“Aquí vienen para que se las repare, pero al ver cuánto les cuesta dicen que mejor les sale comprarse una nueva”, expresa Larrosa.  

Las políticas públicas apuntan entonces a un consumo más responsable, un escenario en el que el comprador decida lo que es mejor para él en función no solo del precio sino de la durabilidad, el espacio y la calidad, lo que a la postre se traduce en ahorro.

Más allá de las normativas que se aplican en Ecuador, para Avilés el que la Unión Europea estudie una ley que proteja a los consumidores también tiene un impacto local, considerando el acuerdo comercial recientemente alcanzado.

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