Una comisión analizará denuncias de jubilados

- 04 de octubre de 2018 - 00:00
Raúl Ledesma (centro), ministro de Trabajo, acudió ayer a la Comisión Especial que supervisa el pago de obligaciones del Estado con los jubilados.
Foto: Miguel Jiménez / El Telégrafo

Exservidores públicos aseguran que fueron obligados a presentar su renuncia voluntaria cuando entró en vigencia el acuerdo ministerial 094.

La Comisión Ocasional para Vigilar el Cumplimiento de las Obligaciones del Estado con los Jubilados del sector público decidió conformar una mesa técnica para evaluar la situación jurídica de cerca de 6.000 personas que habrían sido obligadas a renunciar, perdiendo su derecho a la compensación.

Esta mesa se reunirá la próxima semana y estará integrada por funcionarios del Ministerio de Trabajo, Asamblea Nacional y representantes de los jubilados.

Analizará si cabe reformar al acuerdo ministerial 185 (que derogó el acuerdo 094 de mayo de 2017, emitido por el anterior gobierno y que negó el pago de la compensación a funcionarios menores de 70 años de edad que se jubilaran de forma voluntaria).

La otra alternativa es crear una ley interpretativa de dicho acuerdo.

Para dar respuesta a esta inquietud, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, acudió este miércoles 3 de octubre a la Comisión Ocasional en donde expresó la apertura del gobierno.

Con respecto a las denuncias de supuestas presiones a los exfuncionarios, Ledesma señaló que no puede determinar la veracidad de la información, puesto que eso le corresponde a un juez de lo laboral.

Sin embargo indicó que se podría hacer un añadido al cuerpo legal para que en los casos que se demuestren, o que las unidades de talento humano reconozcan, que la renuncia fue forzada y que se hagan los correctivos y obtengan los respectivos derechos de jubilación.

La mayoría de denuncias provienen de exfuncionarios del Ministerio de Educación, jubilados entre mayo de 2017 y septiembre de 2018, quienes supuestamente fueron obligados a presentar una renuncia voluntaria, con lo que los beneficios del acuerdo 185 ya no los cobijarían.

El acuerdo 185 devolvió el derecho a los jubilados y obliga a las instituciones públicas a planificar en sus presupuestos los montos para las compensaciones.

“Tenemos un grupo de compañeros, unos 4.000 del Ministerio de Educación y otros 2.000 de otras instituciones a los que se les obligó a renunciar”, manifestó la asambleísta Norma Vallejo (AP), presidenta de la Comisión Ocasional.

Respecto a los pagos realizados por la actual administración, Ledesma aseguró que hasta diciembre de este año se van a cancelar un total de $ 98 millones. (I)

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