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El Telégrafo
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El monto surgió a causa del redondeo de tarifas

$ 50 millones ya han sido cobrados a operadora Conecel

Ana Proaño (foto), directora ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), durante su exposición.
Ana Proaño (foto), directora ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), durante su exposición.
Foto: Cortesía
08 de abril de 2016 - 00:00 - Redaccion Economía

De los $ 62 millones que debe pagar la empresa operadora Conecel (Claro) por los cobros excesivos que realizó durante 1999 y 2000 por el redondeo en las tarifas de telefonía celular, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) ha cobrado $ 29,6 millones a través de garantías de juicio coactivo.

Así lo informó Ana Proaño, directora ejecutiva de Arcotel, en una reunión en la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional para que explique la aplicación de la disposición transitoria novena de la Ley de Telecomunicaciones, relacionada con este tema. Allí se conoció también que la empresa hizo otros dos abonos de cerca de $ 19 millones en enero por lo que quedaría un saldo de $ 13,4 millones. La operadora debía pagar de capital más intereses un total de $ 62 millones.

Proaño manifestó que con la finalidad de continuar la acción de cobro y ordenar medidas cautelares y de ejecución, Arcotel solicitó información sobre bienes muebles, inmuebles, acciones y derechos de la empresa a instituciones públicas. Entre estas se encuentran la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) y los municipios de Quito y Guayaquil.

Con la información disponible se dispuso la retención de los créditos presentes y futuros que Conecel y los fideicomisos mercantiles mantengan a su favor. Además, se ordenó el embargo de los derechos que como constituyente y beneficiario tiene la operadora en los fideicomisos señalados.

Otecel (Movistar) es otra empresa operadora que debía cancelar $ 13,9 millones en octubre de 2015. Sin embargo, esta telefónica interpuso un arbitraje ante las Cámaras de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Británica y de Industrias de Pichincha.

Este proceso está conformado por una persona nombrada por la empresa, otra por la Arcotel y una tercera elegida por las dos partes de común acuerdo.

Dado que este último nombramiento no se logró definir se dispuso que el tercer árbitro sea designado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile. (I)

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